Condenadas por su propio pelaje. Las vicuñas continúan al filo de los cazadores furtivos, quienes no tienen reparos por perpetrar sangrientas matanzas por un par de kilos de fibra, en las alturas y desoladas punas de Ayacucho.

La mañana del último martes, en la comunidad de Santa Ana de Aucará, en Lucanas, fue el último atentado que se perpetró, donde fueron halladas 30 vicuñas despellejadas y con la carne lacerada. Lo único que pudieron hacer los pobladores fue contener su indignación.

Y es que razones sobran para que un grupo de personas armadas efectúen sus sanguinarios cometidos, porque el kilo de fibra es ofertado a no menos de 300 dólares dentro del mercado negro que estaría operando en la región Puno y en el vecino país de Bolivia, según fuentes confiables.

A consecuencia de estas jugosas ganancias se asesinaron en lo que va del año, a más de 300 vicuñas, un atentado a la fauna silvestre que perjudica el principal ingreso económico de diversas comunidades campesinas.

falta de apoyo. Un problema fundamental de las constantes incursiones de los cazadores furtivos, es la falta de apoyo por parte de la Dirección Regional de Ayacucho para brindar los equipos necesarios a los guardaparques y la escasa voluntad por designar vehículos para una intervención inmediata, señaló el presidente de la Asociación Regional de la Vicuña, César Rojas Allcca.

Asimismo, mientras los delincuentes aprovechan la poca vigilancia en las alturas y nutren sus bolsillos, un total de 132 comunidades no pueden capturar y esquilar vicuñas vivas que habitan dentro su jurisdicción, porque se encuentran a la espera de la aprobación de su plan de manejo por parte del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

“Los trámites con el Minagri han durando cinco años y es reprochable la tremenda burocracia que existe, entre tanto los cazadores actúan con frecuencia en lugares dónde no se hacen chaccus, por ello, es necesario que estas funciones sean derivadas al Gobierno Regional para agilizar los permisos”, refirió Rojas.