Seis conflictos sociales en Ayacucho hasta el 2019

Tras la presentación de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad acerca del número de conflictos sociales, se observó que en Ayacucho hay cinco conflictos activos y uno latente hasta la mayo de 2019.

De acuerdo a este informe de la Defensoría del Pueblo, del total de casos 176, el 3,4% corresponde a la región. Entre los casos que existen en la región, también hay uno multiregional que involucra también a las regiones de Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco,: además de la nuestra, por el problema de los agricultores de papa.

Asimismo se incluye conflictos por temas laborales, en el caso local protagonizado por los trabajadores del Poder Judicial. El mismo que también tiene lugar en las regiones Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, San Martín y Tacna.

Asimismo, el caso de los docentes de Sindicato Unico de Trabajadores del sector Educación (Sutep), el cual incluye a las regiones de Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Lima Metropolitana, Piura, San Martín, Tacna, además de Ayacucho.

Entre los otros casos, se tiene conflicto socioambientales. En el Perú, este tipo, es el de mayor incidencia, Al 2019 se han presentado 116 casos ; es decir un 65.9% del total a nivel nacional.

De los 116 conflictos socio ambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 62.1% (72 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 15.5% (18 casos).

Detalle. En marzo de 2013, se conoció el conflicto de la comunidad campesina Vinchos y sus veintinueve anexos demandan a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP S.A.) la renegociación del contrato de servidumbre –el mismo que es materia de un proceso judicial– así como el resarcimiento por el daño causado al territorio comunal por la construcción del gasoducto.

Agosto de 2012. El Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (Fredcom) demanda a las empresas Transportadora de Gas del Perú (TGP S.A.) y Perú LNG S.R.L. la renegociación de contratos de servidumbre suscritos debido al incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales con las comunidades.

En Enero de 2017. El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Zona Sur de Ayacucho (Fredasur) manifiesta que el transporte de minerales que desarrolla la empresa minera Catalina Huanca estaría generando impactos ambientales negativos así como afectaciones a las actividades ganaderas y agrícolas.

En Septiembre de 2017, los representantes de la comunidad campesina Chiquintirca iniciaron un paro indefinido demandando la revisión del contrato del gasoducto entre el Gobierno nacional y la comunidad; la indemnización por los terrenos afectados en la construcción del gasoducto operado por la Empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP); la indemnización por el funcionamiento de un helipuerto que habría originado fuerte contaminación sonora; la reubicación de viviendas dentro de los doscientos metros del gasoducto; la masificación del gas en la zona y el cumplimiento de las indemnizaciones por daños ambientales.

Finalmente en Junio de 2012, la Comunidad Campesina de Taca demanda a la Sociedad Minera Catalina Huanca S.A.C., la renegociación del contrato de servidumbre.