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A las primeras horas de ayer jueves, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Jorge Luis Chávez Tamaríz determinó que los primeros nueve acusados de integrar la organización criminal “Los Chacales del Desierto” cumplan prisión preventiva por espacio de 36 meses, en 

La medida coercitiva fue dictada en mérito a una solicitud formulada por el fiscal de Crimen Organizado del Santa, César Pacífico Villegas Guerra, quien acusa a esta banda de los delitos de usurpación agravada, extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y sicariato.

PRIMER GRUPO. La primera audiencia de prisión preventiva se inició a las 3:00 de la tarde del último miércoles y se extendió hasta más de las 00:00 horas de ayer jueves.

En esta diligencia, el juez dictó prisión preventiva por espacio de tres años para quienes son sindicados como “los lugartenientes” del grupo delictivo. Dentro de ellos, se encuentra el exgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), César Antonio Carbonell Bazán, quien aprovechando su cargo clave dentro de la comuna habría servido para los intereses de la organización.

También se determinó cárcel para el hasta hace poco, trabajador de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Ítalo Luciano Luján Mas, quien según la Fiscalía ocupaba un lote en la invasión “Villa Municipal”, ubicada sobre las 217 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas.

Para el caso de los investigados: Manuel Antonio Morales Del Águila, Evaristo Miguel Ortega Cadenillas, Freddy Camilo y Jorge Antonio Ángeles Sandoval, Eric Rousbel Mejía Teodor, Miguel Ángel Morales Matienzo y María Del Pilar Lozada Rodríguez; también se dictó la medida de prisión preventiva, por el mismo plazo de 36 meses.

La diligencia se realizó en medio de estrictas medidas de seguridad. Solo unos segundos después de que el juez dio a conocer su decisión, los agentes de la Policía Judicial que se encontraban en el auditorio, procedieron a colocar las esposas a los investigados y trasladarlos hasta el penal Cambio Puente de Chimbote.

NUEVE MÁS. A las 8:30 de la mañana, el juez Jorge Chávez Tamaríz, instaló la segunda parte de la audiencia de prisión preventiva que estaba dirigida para nueve personas más.

En este oportunidad el fiscal César Villegas oralizó sus imputaciones contra personas que tenían el cargo de “dirigentes” de invasiones o de asociaciones de vivienda. En este grupo también se encontraban los encargados de los cobros de cupos y a parte del aparato de amedrantamiento contra las personas que sí tenían necesidad de vivienda.

Durante su alocución el fiscal acusó a varios de los dirigentes de haber sostenido una relación estrecha con el prófugo Daniel Cabrejos Pérez, alías “Danny Caracha”, sindicado como el cabecilla de “Los Chacales”.

También detalló que se les exigían a las personas el pago de hasta 5 mil soles por los terrenos, que según el Ministerio Público, eran usurpados por estos presuntos delincuentes.

Además hizo mención al número de diversas carpetas fiscales en la que los acusados también se encuentran en condición de investigados. Muchas de ellas tienen que ver con el delito de usurpación, que también se les imputa en este caso.

El fiscal dijo que existe un alto peligro de fuga y de obstaculizar a la justicia en los investigados ya que a su criterio no acreditan un arraigo familiar ni mucho menos laboral.

Además consideró que se debe proteger la integridad de los testigos en reserva y las víctimas que han decidido colaborar con el trabajo de la Fiscalía.

Al final, tras un prolongado debate y después de más de cinco horas, el juez consideró que sí se cumplían todos los presupuestos para dictar prisión preventiva por 36 meses para : Liz Ysela y Elisa Guiliana Sifuentes Reque, Luis Rodolfo Quezada Huañacari, Emel Libio Espinoza Capa, Roberto Antonio Gonzales Vílchez, María Gladys Matienzo Sánchez, Rosa Esmeralda Figueroa Sarmiento, Pamela Liset Cerna Flores y Lorena Pintado Machacuay.

El plazo de prisión preventiva para los 18 investigados será computado hasta el 6 de noviembre de 2020, siempre y cuando no exista otra orden judicial que determine que tengan que seguir en reclusión. 

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