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El Poder Judicial culminó con las audiencias del control formal de la acusación que presentó el Ministerio Público contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de la vía Chacas - San Luis, obra construida por la empresa Odebrecht. Con ello, el caso quedó expedito para ingresar a la etapa de juicio oral.
La última diligencia se realizó el lunes 4 de diciembre en el despacho del juez Juan Carlos Sánchez, del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. En esta audiencia se debatieron los elementos documentales que fueron admitidos para que sean actuados en la próxima etapa de juicio oral. El magistrado anunció que en breve estará emitiendo su resolución de auto de enjuiciamiento, es decir, se formalizará el ingreso de la pesquisa a juicio.
A JUICIO. Además de César Álvarez, se encuentran como acusados su exfuncionarios Germán Alejandro Martínez Cisneros, Luis Alberto Díaz Vilca, Ivón Roxana Bayona Guío, Lorenzo De La Cruz Sánchez, Moisés David Ángeles Obregón, Ángel Roldán Ramírez, Roger Carranza Quiñones y Ricardo Paredes Reyes.
El Ministerio Público comprendió en la acusación a los empresarios Mario Peralta Gibaja y Antenor Kjuro Beizaga, representes de el Consorcio Vial Carhuaz San Luis, integrado por Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.
María Esther Basurco Núñez de Freyre, representante del Consorcio-Huaylas, empresa encargada de supervisar la obra, también está incluida como investigada.
El Ministerio Público acusa a los investigados del presunto delito de negociación incompatible, con una calificación alternativa de colusión.
El fiscal anticorrupción Wescenslao Apaza presentó en julio de este año, su acusación en la que pide para Álvarez y su exgerente de Infraestructura Germán Martínez 9 años de cárcel.
La misma pena se plantea para los investigados Moisés Ángeles, Luis Díaz, Ivón Bayona, Lorenzo De La Cruz , Roger Carranza, Ángel Roldán y Ricardo Paredes.
Para María Esther Basurco Núñez de Freyre, Mario Peralta Gibaja y Antenor Kjuro Beizaga, solicita la pena de 7 años de cárcel.
En tanto, la Procuraduría Anticorrupción ha calculado el importe de 27 millones de soles, como monto del daño a las arcas del Gobierno Regional de Áncash (GRA), por los presuntos hecho de corrupción cometidos en esta obra. Esta conclusión se desprende del informe hecho por la Contraloría General de la República, en el que se advierte graves irregularidades en la ejecución de la obra.
CUATRO HECHOS. Las sospechas de presuntos hechos irregulares en la ejecución de esta obra, saltan desde el monto de inversión. El GRA la licitó y adjudicó por un monto de 404 millones de soles; pero al final terminó costando 559 millones de soles, lo cual supone un incremento del 38,16% del monto inicial del contrato que celebró la Región con Odebrecht.
La acusación de la Fiscalía contra Álvarez y compañía gira en base a cuatro hechos. El primero de ellos, está referido, según alertó La Contraloría, a un adelanto en el pago de materiales por 155 mil de soles. Este monto fue calificado como un pago “en exceso” y además se denunció que estos materiales no habrían estado incluidos en el expediente técnico.
La Fiscalía sostiene que para dar conformidad a la solicitud de adelanto por materiales, se designó a un ingeniero electricista que no tendría la preparación adecuada para emitir este tipo de informes.
El segundo hecha está referido a ampliaciones de plazo, las cuales se habrían hecho “vulnerando la normatividad vigente”, porque no tendrían justificación técnica y porque además llevó a que se le reconozca hasta 5 millones de soles más al contratista.
El Ministerio Público señala que el tercer hecho es haberse permitido “prestaciones adicionales” que no tenían sustento, tales como movimientos de tierra que no se habían contemplado en el expediente y que habrían ocasionado costos en exceso por 11 millones de soles.
Finalmente, el cuarto hecho, se refiere a la instalación de un falso piso de policarbonato, que a decir del Ministerio Público, en la práctica no fue construido, pagando al contratista por trabajos no ejecutados 1 millón 22 mil soles.
COIMA NO SE VERÁ. Aunque la Fiscalía trató de ingresar como elemento para que sea actuado en la etapa de juicio oral la revelación periodística del supuesto pago de 2 millones 400 mil dólares a modo de soborno, que la empresa Odebrecht habría dado a favor de César Álvarez para adjudicarse esta obra; el juzgado lo rechazó.
El juez Sánchez dejó sentado que esta acusación está referida básicamente a las irregularidades que se habrían presentado en la etapa de ejecución de la obra.
No obstante, se debe señalar que la supuesta coima que se habría abonado en esta obra sí fue incluida en la investigación que desarrolló la Fiscalía por el sonado caso “La Centralita”.