Áncash: Acusados de mandar matar desde el poder del cargo público
Áncash: Acusados de mandar matar desde el poder del cargo público

Cuando Ezequiel Nolasco en una de sus memorables protestas en el frontis de la Corte Superior de Justicia del Santa gritaba que  era la Tijuana del Perú, no exageraba mucho. En cuatro años han asesinado a seis autoridades, tanto en pleno ejercicio o luego de haberlo dejado.

Lo increíble del asunto es que de los seis casos, ninguno ha terminado en sentencias judiciales contra los autores mediatos o “intelectuales”. Peor aún, varios de ellos están impunes y parece que quedarán así.

Además estos crímenes han sido relacionados a autoridades elegidas por la voluntad popular o gente con poder económico. Aunque tampoco podemos perder de vista la estela de cadáveres tanto de personas relacionadas al poder como gente vinculada al lumpen, que dejó una época en la cual la muerte era la única forma de asegurar el silencio.

RECIENTE. Comencemos por el último. La Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Santa asegura tener indicios claros de que todos los integrantes del Concejo Municipal de Samanco se confabularon con el exalcalde inhabilitado Jaime Casana para asesinar a Francisco Ariza, quien asumió el máximo cargo.

En este caso, se acusa a las autoridades de todo un pueblo. Justamente a las personas que iban a manejar y supervisar los fondos públicos.

El hecho ha generado la conmoción en toda la región, por la crueldad del hecho (le dispararon y quemaron al alcalde Ariza y a su asesor Henry Aldea), además de un conflicto interno, porque los familiares de los regidores protestan hace varios días señalando que se les ha enviado a la cárcel por 7 meses (de manera preventiva) injustamente, mientras que Casana y su socio Carlos Bazán Castro (quien habría contactado con los sicarios) están prófugos.

Y CAMBIÓ TODO. Nunca se podrá negar el impacto que tuvo en la región el asesinato del exconsejero Ezequiel Nolasco, ese fatídico 14 de marzo del año pasado en un rústico restaurante en Huacho, donde estaba de paso.

Esta muerte (tan anunciada) fue el inicio de la caída de la organización de corrupción más grande que tuvo Áncash, según la fiscalía que está liderada por el preso ex gobernador de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Como sabemos, en medio de las investigaciones, el verdugo de Nolasco, Joel Cruzate Pereda “Colombiano” dijo que Álvarez era quien pagaba los 30 mil soles para asesinar al exconsejero santeño.

“Al día siguiente, cuando estábamos en la casa de ‘El Paisano’, yo le dije a ‘Chino Malca’: ¿Habrán pagado los cien mil? Y me dijo: ‘Yo no tengo el número de Álvarez porque él no da más’. Y al preguntarle quién es Álvarez, me respondió ‘César Álvarez’, el alcalde o no recuerdo su cargo, pero de Chimbote”, señala la transcripción del interrogatorio.

Además tenemos el antecedente de que en julio de 2012, Nolasco sufrió un atentado, del cual salió mal herido, pero mataron a su hijo político Roberto Torres Blas. En ese caso se investigó al alcalde Luis Arroyo, quien según informes policiales tuvo contactos telefónicos antes, durante y después con los sicarios de este crimen. Aunque por este hecho solo fueron condenados los delincuentes Rubén Moreno Olivo “Goro” y Edison Torres Corso “Chilipino”.

EN FUNCIONES. El frontis de su casa fue el escenario del asesinato del alcalde de Casma, José Montalvan Macedo, el 9 de diciembre de 2012.

Según las investigaciones, los dos sicarios que descargaron sus armas contra el popular “Lito” fueron financiados por el ahora prófugo Rommel Meza, quien llegó a la alcaldía.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Meza Cerna, en condición de primer regidor, y el empresario constructor Carlos León Milla habrían planeado el crimen del entonces burgomaestre José Montalván Macedo para manejar el dinero de las obras públicas el año 2012. Sobre Meza también pesa una orden de prisión preventiva de 16 meses por estar involucrado en el crimen de la abogada Milagros Aponte Roque, ocurrido el 2 de abril del 2014, quien supuestamente sabía como se organizó el crimen.

PENDIENTE. La noche del 7 de marzo el ex alcalde de Huarmey, Pedro Tapia Marcelo, fue asesinado por dos sicarios, que ingresaron a su policlínico y le dispararon tres balas, una en la cabeza y dos en el pecho.

Este crimen que quiso ser encaminado por el lado del móvil pasional fue redirigido por la Corte Suprema de Justicia, que en setiembre del presente año.

El fallo de la Corte Suprema invalidó el móvil pasional y lo ha orientado por el lado político por lo que devolverá el expediente al juzgado de origen que a su vez deberá remitir a la Fiscalía para que inicie una nueva investigación sobre Victorino Castro García y Aracely Salinas Navarro y los que resulten responsables.

Los familiares del asesinado alcalde de Casma exigieron en junio que se incluya a la investigación de Rommel Meza, el caso de la muerte de Tapia Marcelo.

Para ellos, el objetivo de acabar con la vida de ambas autoridades ediles fue para que la organización criminal que los victimó ( y que Meza integraba presuntamente) maneje las comunas de Huarmey y de Casma para adjudicarse las obras financiadas el canon minero

“QUÉ AUTORIDADES”. Al respecto, el obispo de Chimbote, Ángel Simón Piorno, lamentó que hace un buen tiempo “se mate para luego cometer actos de corrupción”. “Si estas son nuestras autoridades, ¡quiénes nos representan! Entonces qué podemos esperar; se ha pedido todo respeto por la vida y se pone por encima al dinero”, señaló a propósito del crimen del alcalde de Samanco, Francisco Ariza.

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