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El escándalo que hoy envuelve al expresidente de la República, Alejandro Toledo, quien es acusado de presuntamente haber recibido una coima de 20 millones de dólares para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht, ha vuelto a traer a la luz un grave problema que sigue afectando a las instituciones públicas del país. Sin ir muy lejos, en Áncash recientemente se han registrado algunos casos de funcionarios que habrían recibido dinero a cambio de favorecer a terceros. Inclusive el titular del Gobierno Regional de Áncash, Enrique Vargas Barrenechea, ha sido vinculado a este tipo de hechos. Una empresaria sostuvo que el gobernador encargado habría devuelto 40 mil soles de un supuesto soborno, hecho que fue rechazado tajantemente por la autoridad.
EL ALCALDE. Un caso que generó gran atención en las últimas semanas es el del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos, Félix Chávez Alfaro, quien fue detenido cuando aparentemente recibía una coima de cinco mil soles de parte de un proveedor, quien indicó que la autoridad le estaba cobrando fuertes sumas de dinero para poder pagarle ciertas deudas contraídas en la anterior gestión edil.
La denuncia fue formulada en la Fiscalia Anticorrupción de la Provincia de Huaraz, cuyos magistrados de inmediato planearon un operativo en esa localidad para tenderle una celada al burgomaestre de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari. Los integrantes de la Policía Anticorrupción de la Región Ancash fueron los encargados de la intervención.
En audiencia, los argumentos del Ministerio Público no fueron suficientes para el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Áncash, Walter Jiménez, quien desestimó el pedido de nueve meses de prisión preventiva planteado en contra del burgomastre de uno de los distritos “más ricos” del país. Por ende, el juez dictó comparecencia restringida y la autoridad recuperó su libertad.
La Fiscalía apeló la decisión y hoy se decidirá si el alcalde Félix Chávez continúa libre o es recluido en un penal (ver vinculada).
DE LA UGEL. Quien no tuvo la “suerte” del alcalde de San Marcos fue el administrador de la Unidad Educativa Local (Ugel) de Ocros, Felipe Bazán Soto, quien fue enviado hace algunos días al penal Víctor Pérez Liendo, de Huaraz, en cumplimiento a un mandato de prisión preventiva de nueve meses.
El funcionario fue acusado de presuntamente haber recibido una coima de 200 soles de un trabajador CAS de la referida institución, esto con la finalidad de agilizar el pago por concepto de vacaciones truncas.
El Ministerio Público acusó a Bazán Soto de la presunta comisión del delito de Cohecho pasivo impropio y pidio que sea internado en una penal de forma preventiva, solicitud que sí fue aceptada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huaraz.
DELICADA ACUSACIÓN. A inicios de mes, una noticia remeció el GRA. El gobernador encargado Enrique Vargas Barrenechea fue acusado por una empresaria de presuntamente haber devuelto una coima de 40 mil soles.
La principal protagonista de esta escandalosa historia es Edith Guevara Ponte, cuya empresa fue una de las que estuvo a cargo de la obra de construcción del complejo deportivo Santa Elena, en el Trapecio, en Chimbote, durante la gestión del exgobernador regional César Álvarez, hoy preso en el penal de Piedras Gordas.
Para poder agilizar el pago de una deuda de un millón de soles que le tendría el GRA, se le habría exigido a Guevara Ponte una cantidad de dinero, de la cual abonó la suma de 40 mil soles. Sin embargo, cuando vio que su pago no había sido tramitado y más bien se habría “favorecido” a otra empresa, la mujer pidió la devolución de su dinero.
Según la empresario, tras su reclamo, recibió los 40 mil soles de manos de una persona que habría sido enviada por el mandatario ancashino.
Como era previsible, Enrique Vargas rechazó las acusaciones en su contra y presentó una querella en contra de la empresaria, a quien le pide un millón de soles de reparación civil.
De oficio, la Fiscalía Anticorrupción de Áncash ha decidido investigar este caso de un presunto pago de coimas.
MÁS CASOS. En la provincia del Santa también se han registrado casos de pagos indebidos a funcionarios a cambio de algunos favores.
Hace algunas semanas el exjefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa, Juan Cam Bernuy, y otro trabajador de la comuna fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión suspendida tras haber reconocido que le pidieron a un empresario chimbotano que deposite 3,500 soles a fin de agilizar la entrega de unos certificados para el funcionamiento de su local nocturno.
El año pasado, además, el exjefe de Ejecutoría Coactiva de la comuna provincial, Adolfo Varas Vásquez, fue detenido en su oficina tras haber recibido 300 soles de una presunta coima, con la finalidad de anular una papeleta de tránsito.
Este hecho desencadenó que hoy el exfuncionario se encuentre en el penal de Cambio Puente, a la espera que su caso pase a etapa de juicio oral.
