Áncash: César Álvarez intenta anular ampliación de su prisión

Mientras que las rejas de la cárcel se abren para algunos, el principal investigado por el caso “La Centralita”, el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, libra una batalla judicial para que no se le amplíe por doce meses más el plazo de prisión preventiva por este caso.

La defensa de la encarcelada exautoridad regional, oralizó ayer su pedido de apelación a la resolución judicial que dictó la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, el pasado 25 de mayo de este año. En aquella oportunidad, la magistrada declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para la adecuación de la ampliación del plazo de prisión preventiva a doce meses más para Álvarez, por este caso.

El Ministerio Público invocó el Decreto Legislativo 1307 que fue aprobado en diciembre del año pasado y en el que se establece que los casos de criminalidad organizada pueden ampliarse hasta por doce más las pesquisas.

DEFENSA. Fue el Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional de Apelaciones, dirigido por el juez Ramiro Salinas Siccha acompañado de los magistrados Juan Riquelme Guillermo Piscoya y Óscar Burga Zamora, el que escuchó los alegatos.

La abogada Yesica Arteaga Nárvaez ejerció la defensa de Álvarez Aguilar y explicó que su pedido busca que se revoque la resolución de la jueza Álvarez Camacho que dispuso que su patrocinado continúe por un año más en el penal Piedras Gordas en Lima.

La letrada sostuvo que la decisión del Poder Judicial “atenta contra los derechos del investigado”, ya que se ha adecuado la ampliación del plazo de prisión preventiva con un decreto legislativo que entró en vigencia recién en diciembre del año pasado.

Además, señaló que su defendido ya había tenido una ampliación por 18 meses del plazo de su prisión preventiva que fue dictada en noviembre de 2015.

Otro de los argumentos expuestos por la defensa fue de que Álvarez se entregó a la justicia, cuando en mayo de 2014, se dictó una orden de detención preliminar en su contra.

FISCALÍA. Por parte del Ministerio Público, fue la fiscal adjunta Patricia Pérez Calderón, la encargada de solicitar que la resolución de primera instancia, sea confirmada por el Colegiado.

La magistrada mencionó que en el caso “La Centralita” se investiga la existencia de una presunta organización criminal, debidamente “jerarquizada” con una aparto central, un aparato de prensa, de apoyo social, de fuerza y de apoyo legal político.

También indicó que el caso es sumamente complejo por la pluralidad de investigados y de delitos, así como la abundante documentación que se viene recabando hasta el momento.

De igual forma señaló que aún están pendientes de realizar una serie de diligencias como pericias y otras que debean hacerse al interior del país, en las regiones Áncash y Cajamarca. Mencionó que además hay una solicitud de declaración de un testigo que se encuentra en España y que se viene tramitando mediante la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía.