Juez dispone que suspendido gobernador permanezca en el penal por 10 meses, lo mismo que cinco funcionarios y una empresaria, contra quien se ordenó su captura.
Juez dispone que suspendido gobernador permanezca en el penal por 10 meses, lo mismo que cinco funcionarios y una empresaria, contra quien se ordenó su captura.

Después de seis días de culminada la audiencia, recién se pudo conocer la decisión del magistrado Clive Vargas Maguiña, juez encargado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Áncash, respecto al segundo pedido de prisión preventiva que planteó el Ministerio Público contra el suspendido gobernador regional . El caso está relacionado a presuntos actos de corrupción que se habrían perpetrado en la ejecución del proyecto de mejoramiento del Hospital Víctor Ramos de Guardia de Huaraz para enfrentar la pandemia del COVID-19.

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Decisión

El representante del Poder Judicial decidió aprobar la solicitud del fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón y ordenó que se cambie la comparecencia simple por prisión preventiva.

Además de Morillo Ulloa, deberán permanecer en la cárcel por 10 meses los investigados Johnny Constantino Muñante Quispe, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, William Percy Rojas Vereau, Juan Wilson Mendo Sánchez y Jiordano Renzo Alva Pinedo, quienes han trabajado para el Gobierno Regional de Áncash (GRA).

Todos ellos son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.

El gobernador y sus funcionarios se encuentran en el establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo de Huaraz, desde diciembre del año pasado, cumpliendo nueve meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción en la ejecución del proyecto de mejoramiento del Hospital Regional de Nuevo Chimbote.

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Sobre el más reciente caso, el juez Vargas Maquiña también dispuso que la empresaria Gina Carol Chávez Pacchioni cumpla 10 meses prisión preventiva, es por ello que ha emitido la orden de ubicación, captura e internamiento en el penal Víctor Pérez Liendo.

En tanto, el magistrado ordenó que el investigado Ángel Enrique Velásquez Abanto solo enfrente comparecencia con restricciones, sujeta al cumplimento de reglas de conducta. Esta disposición la deberá acatar una vez que egrese de la cárcel de Huaraz, donde actualmente cumple prisión preventiva por la investigación del Hospital Regional.

A los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, el Ministerio Público les atribuye haber efectuado acciones fuera de la ley para favorecer a la empresa que ejecutó la IOARR “Remodelación de ambientes complementarios; adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y desfibrilador; además de otros activos en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz”.