Áncash: Profesionales locales habrían desistido de hacer peritaje por amenazas

Hace algunos días recién la Fiscalía Anticorrupción ha fijado fecha para el tan esperando peritaje al que será sometido la abandonada obra de construcción del Coliseo Cerrado Gran Chavín, financiada por el Gobierno Regional de Áncash (GRA) durante la gestión de César Álvarez Aguilar con una inversión - inicialmente - de 33 millones de soles.

Sin embargo, es necesario mencionar que fueron diversos los factores que contribuyeron a que el estudio se retrase.

MIEDO Y DINERO. Un factor que ha llamado la atención para la dilación de esta diligencia, es el de supuestas amenazas del que habrían sido blanco un grupo de profesionales que fue asignado, inicialmente, para esta tarea.

Fuentes judiciales refieren, que el temor se habría apoderado de dos profesionales designados inicialmente por la Universidad Nacional del Santa (UNS) para esta tarea.

“Ya habían sido designados, pero al parecer por las amenazas, declinaron y no se les tomó juramento”, explicó el informante.

Tras esta negación, la Fiscalía pidió apoyo al Colegio de Ingenieros, pero la respuesta también fue contraria.

“No sé si en este caso también existía cierto temor por amenazas”, añade la fuente.

Si ha estos factores le sumamos que en la Fiscalía Anticorrupción del Santa, solo se cuenta con un perito para temas contables y otro ingeniero para las verificaciones de infraestructuras; el problema se hace más álgido.

Al respecto el fiscal Laureano Añanca - quien actualmente está al frente de la pesquisa - señala que no puede dar crédito de que hayan sido amenazas las que motivaron que los profesionales de la UNS desistan en su momento de ejecutar este estudio. Sin embargo, indica que al Ministerio Público sí le preocupó esta decisión.

“Yo no podría afirmar sobre el particular, lo que puede haber existido, es un tema extraprocesal, sin embargo sí preocupa porque inicialmente los profesionales que han sido designados por la Universidad del Santa, para efectuar el peritaje se han desistido y eso es lo concreto”, mencionó.

De acuerdo a la disposición fiscal 06-2014, en la que requirió profesionales de la UNS, el estudio de los peritos tenía como finalidad “determinar el avance de la obra, los presupuestos de la obra, análisis de presupuestos unitarios, elaboración o revisión de metrados y valorizaciones”.

Asimismo, en el informe se deberá precisar “si el diseño de la obra cuenta con los requisitos de seguridad, además que los materiales que se han utilizado hasta el momento o los descritos en el expediente técnico respectivos, sean los adecuados para construir la obra”.

El fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe contó a Correo que tras la negativas de profesionales locales para realizar la pericia, incluso existieron conversaciones con técnicos de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI).

“Hemos tenido que recurrir a la Universidad Nacional de Ingeniero y ellos tienen la disposición de colaborar con el caso, sin embargo también hay un tema sobre el costo del peritaje, el problema es quién lo asume”, señaló Añanca, quien además remarcó que esta diligencia es clave “para cerrar el caso”.

Otro problema que surgió cuando se buscaba quién haría el peritaje de la emblemática obra, fue el tema de financiamiento.

Y es que cuando los peritajes son ejecutados por profesionales externos a la Fiscalía Anticorrupción, es la entidad para la cual se habría originado el perjuicio la que tendría que costear estos estudios, en este caso hubiese sido el Gobierno Regional de Áncash.

Una fuente al interior de la Fiscalía Anticorrupción refirió que el peritaje para el Coliseo Cerrado habría sido valorizado entre 70 a 75 mil soles, que en este caso tendrían que haber sido costeados por el Gobierno Regional de Áncash (GRA), cuya administración atraviesa por una seria crisis económica.

PROBLEMA RESUELTO. Sin embargo, estos problemas han sido resueltos y finalmente desde el 23 de mayo se iniciará la inspección técnica de la obra en mención.

Las diligencias se extenderán hasta el 27 de ese mismo mes.

La pericia estará al frente del coronel PNP, Luis Carrasco Vergaray, quien realizará este trabajo junto a un equipo de peritos de la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú.

El oficial contará con el apoyo de un asistente, el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Walter Manzano Veles, de la Unidad de Tasaciones y Valorizaciones.

La Fiscalía ha fijado como plazo para que los profesionales emitan su informe respecto a su estudio, 30 días, después de efectuado el trabajo en campo.