Ancashinos ya no cuentan con inmunidad parlamentaria

Actualizado el 31/10/2019, 09:33 a. m.

Carlos Domínguez Herrera, María Melgarejo Páucar (Fuerza Popular), María Elena Foronda Farro (Frente Amplio), Ricardo Narváez Soto (Alianza por el Progreso) y Yesenia Ponce Villareal de Vargas ( Peruanos por el Kambio); integrantes del disuelto Congreso de la República, han perdido la inmunidad parlamentaria que impedía que sean procesados como cualquier otro ciudadano. Desde ayer, habiéndose cumplido un mes de la medida de disolución del parlamento, tomada por el presidente Martín Vizcarra Tinedo, este fuero ya no ampara a los ahora exparlamentarios. La norma establece que en el caso de los integrantes de la Comisión Permanente – instancia que aún continúa funcionando en el Congreso – la inmunidad continúa vigente; sin embargo, ninguno de los representantes que tuvo Áncash en el último parlamento, forma parte de dicho grupo.

SIN INMUNIDAD

La institución de la inmunidad parlamentaria se encuentra prevista en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, tercer párrafo. Allí se establece que los congresistas de la República no pueden ser procesados, ni ser llevado presos, sin previa autorización de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de sus funciones, “excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no, la privación de la libertad y enjuiciamiento”.

No obstante, los procesos judiciales que se habían iniciado en contra de ellos , no se sufren ninguna paralización. Sin embargo, si al término de estas pesquisas se los sentenciaba, para que puedan ser arrestados, tenía que levantársele la inmunidad.

COMPLICADA

En el caso de Áncash, Yesenia Ponce Villareal, durante su período como lesgisladora cosechó escándalos, sanciones y también investigaciones a nivel fiscal. Una de las pesquisas contra Ponce se encuentra en la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash (Huaraz), donde despacha el fiscal Renato Arapa.

Ponce es acusada de haber incurrido en los delitos de falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El laberinto judicial en el que cayó Ponce, se inició cuando se realizó la verificación de los estudios secundarios que declaró haber cursado en la hoja de vida que alcanzó ante el organismo electoral. La procuraduría de esta entidad halló “incongruencias” respecto a los certificados de sus estudios secundarios, por esta razón, pidió al Ministerio Público iniciar una investigación en su contra.

Las autoridades del sistema judicial de Áncash intentaron que se levante la inmunidad de Ponce, debido a que el caso había entrado a la etapa preparatoria, es decir, ya estaba judicializado. Es así que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Áncash presentó el requerimiento ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del PJ, pero no llegó a votarse en el pleno del disuelto Congreso.

Ante el anuncio de la disolución del parlamento, desde Huaraz, el fiscal Renato Arapa, anunció que impulsará nuevamente esta investigación. Al término de la misma, si la Fiscalía considera que hay elementos suficientes llevará a juicio a Ponce, o en caso contrario pedirá el archivo de la pesquisa.

Fuentes de la Fiscalía de Correo indicaron que el fiscal Arapa viene preparando una serie de diligencia a actuarse en este caso desde los primos días de noviembre. Entre ellos, estaría citar a la exparlamentaria para que rinda su manifestación. Esta convocatoria para que declare se podría dar, incluso, de grado o fuerza.