Archivan una investigación a César Álvarez por colusión agravada

La Fiscalía Anticorrupción del Santa ha archivado la investigación en contra del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, por el presunto delito de colusión que se habría cometido en la ejecución de la obra de reconstrucción de la institución educativa Augusto Salazar Bondy. El pedido se sobreseimiento presentado por el Ministerio Público, ya ha sido aceptado por el Poder Judicial.

AL ARCHIVO

También se han librado de una acusación fiscal los exfuncionarios de la Subregión Pacífico William Teddy Bejarano Rivera, Cecilia del Rocío Alfaro García y Oscar Edwar Salgado Olivo. Estos tres funcionarios, al ser miembros del comité especial de adjudicaciones acompañan a Álvarez en otras investigaciones, incluso en la pesquisa referida al Módulo de Justicia de Nuevo Chimbote, han sido sentenciados a 5 años de prisión y actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

Completan la lista de investigados para los que se ha archivado el caso, Fanny Estela Ortega Torres del Carrillo, Carlos Santos Mantilla Jacobo, Jessica Janet Palacios Alí y José Requena Cornejo.

Todos ellos estuvieron sometido a la investigación del Ministerio Público por el delito de colusión agravada.

Correo ha tenido acceso a la resolución judicial número 55 emitida por la jueza Gabriela Saavedra De La Cruz, cuando estaba al frente del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa. Con este documento el Poder Judicial le da luz verde a la solicitud de archivo planteada por la Fiscalía.

El colegio Augusto Salazar Bondy es uno de los planteles que mayor cantidad de alumnos congrega en los niveles primaria y secundaria del distrito de Nuevo Chimbote. El GRA inició su reconstrucción, pero existieron varios cuestionamientos por los retrasos en los plazos y además la calidad del material que se utilizó para levantar la infraestructura. Esta fue una de las obras que también quedó paralizada y abandonada por algún tiempo sin ser culminada, tras el fin de la gestión de César Álvarez.

Al término del plazo de investigación preparatoria, el fiscal solicitó el archivo total de la pesquisa. En la audiencia, la Procuraduría Pública Anticorrupción así como las partes, no objetaron la decisión del fiscal, por lo que era predecible que la jueza también resuelva por el sobreseimiento.

LIMPIOS

La participación de Álvarez, indicaba la hipótesis inicial de la Fiscalía, habría sido en la designación de los gerentes de la Subregión Pacífico, supuestamente con la finalidad de favorecer a las empresas con los contratos, ampliaciones y adelantos.

En cuanto a los exgerentes subregionales, Pamela Bermúdez y Juan Gallo, se les acusaba haber avalado los pagos y contratos, desde su puesto de gerentes.

Sobre los exfuncionarios miembros del comité especial, la Fiscalía los investigó debido a que el Consorcio Buenos Aires, presentó como representante legal a Fanny Estela Ortega Torres del Carrillo, cuando aún no existía un documento que la reconozca como tal, es decir, las empresas constructoras se consorciaron posterior al otorgamiento de la buena pro. Las sospechas también se despertaron porque la empresa ganadora fue postor único en el proceso.

Para archivar la pesquisa en contra de Álvarez, la Fiscalía presentó como elemento de convicción que no fue él quien designó a Pamela Bermúdez, sino lo hizo Roy Ipanaqué, cuando lo reemplazó en la presidencia del GRA. También consideran que dentro de sus funciones como presidente regional, no estaba estipulado que necesariamente tenga que conocer sobre el Plan Anual de Contrataciones (PAC). Además, indica que no cuenta con algún elemento que pueda acreditar que fue él quien mostró interés para favorecer a las empresas.

El cuestionamiento de que fue un único postor el que se presentó al proceso, la Fiscalía lo justifica arguyando que el proceso fue colgado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones (Seace) y se cumplió con el principio de publicidad.

Además, indica la Fiscalía, si bien se ha comprobado que el Conosorcio Buenos Aires no estaba conformado como tal al momento de la adjudicación, las empresas presentaron un documento de compromiso de consorciarse.

Respecto a los adelantos y ampliaciones otorgadas a la empresa, se tomaron en cuenta los peritajes de ingeniería civil, los cuales afirman que el avance físico concordaba con el avance financiero, es decir, con los pagos que se le hizo a la constructora. Ahora bien, se reconoce que la obra no fue concluida, pero indican que esto se debió a una falta presupuestaria y por lo tanto no se podría haber aplicado penalidad al consorcio.

“(...) en cuanto a al incumplimiento de los plazos, la falta de culminación de la obra que resultan ser afirmaciones validables no resultan atribuibles a los imputados en referencia (la empresa supervisora) pues para los efectos señalados tiene relación con la falta de disponibilidad presupuestaria de la entidad agraviada con la obra; por lo tanto no podría justificarse objetivamente que los imputados habrían desplegado actos subperticios entre el residente de obra, el consorcio Buenos Aires y los funcionarios de la Subregión Pacífico para defraudar la confianza depositada en ellos en claro desmedro de los intereses del Estado”, se lee en la resolución de la jueza Saavedra.