Caso donantes: Fiscalía pide 9 años de cárcel para Waldo Ríos
Caso donantes: Fiscalía pide 9 años de cárcel para Waldo Ríos

El suspendido gobernador regional de Áncash, deberá hacer frente a un nuevo pedido de cárcel. Esta vez, el Ministerio Público ha solicitado la pena de 9 años de cárcel para el autodenominado “padre del canon” a quien acusa del delito de cohecho pasivo propio.

La solicitud de cárcel para Ríos Salcedo, es el resultado de la investigación que desarrolló el fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, luego de que se conociera que el también excongresista pudo juntar un millón de soles con “donaciones” de nueve “caritativas” personas.

El millón de soles, era la cantidad de dinero, que Waldo Ríos le debía al Estado producto de una condena por corrupción que recibió cuando fue congresista por recibir dinero el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. El líder de “Puro Áncash” necesitaba efectuar este pago para quedar “rehabilitado” por la justicia peruana y así tener el camino libre para sentarse en el sillón del Gobierno Regional de Áncash.

ACUSACIÓN. El último viernes 7 de julio el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, ingreso su requerimiento acusatorio contra Ríos Salcedo, ante la Corte de Justicia del Santa. El documento llegará en los próximos días al despacho del titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Eudosio Escalante Arroyo, quien conoce los casos de corrupción.

Fuentes judiciales explicaron a Correo, que aún cuando el delito de cohecho pasivo propio, que le es imputado a Waldo Ríos, reviste una pena de entre 6 a 8 años, en su escrito el fiscal Añanca hace mención a que existen agravantes que le llevan a pedir los 9 años de cárcel.

El magistrado hace referencia a que la suspendida autoridad regional “es reincidente” ya que había sido condenado por un delito de corrupción anteriormente. También subraya que al momento de haberse consumado el delito, el investigado, aún no se encontraba “rehabilitado”, ya que no había abonado el millón de soles de reparación civil.

Asimismo, el fiscal pide que Waldo Ríos sea inhabilitado para ejercer la función pública, ya sea por designación o voluntad popular, por un espacio de 9 años. De igual forma, plantea la sanción de 730 días multa que serán cuantificados en función a la remuneración mínima vital, ya que durante la pesquisa no se tuvo acceso a los ingresos que percibe el investigado.

Las personas que ayudaron a recolectar el millón de soles a Waldo Ríos, también han sido incluidas en la acusación. El Ministerio Público les imputa el ilícito de cohecho activo genérico y pide 4 años de cárcel efectiva para : Cristian Luis Cárdenas De Paz, Daniel Humberto Reinafarje Quiroz, Patricia Leonor Quezada Barrera, José Enos Neyra Flores, Iris Myluska Aldea Correa, Sabik Soriano Navarrete, Javier Contreras Lara, Guillermo Oviedo Velásquez y Miguel Ángel Peralta Merino. Para ellos se solicita también 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y 483 días multas.

Como se recuerda, al inicio de la investigación preparatoria, el fiscal incluyó a dos personas más en la investigación. Es así que en el escrito acusatorio se pide 6 años de cárcel para José Servat Chocano y Gonzalo Alegría Varona, acusados de ser “cómplices secundarios” del delito de cohecho pasivo propio.

DINERO DE OTROS. La tesis a la que ha llegado el Ministerio Público, señala que el dinero que los donantes dieron a Waldo Ríos no provendría de sus propios ingresos o actividad económica, sino que, producto de las diligencias - sostiene la Fiscalía - fue dado por otras personas naturales y jurídicas, que en algunos casos habrían tenido como intensión tratar de obtener algún beneficio durante la gestión de Ríos Salcedo. “Hay toda una cadena de personas detrás del aporte del millón de soles”, señaló nuestra fuente.

Para sustentar su acusación, el fiscal Añanca ha ofrecido los testimonios de hasta 8 personas, que en su mayoría han participado de las actividades sociales que organizó “Puro Áncash”. El escrito también hace mención hasta 36 documentales como medios probatorios, que en su mayoría son información bancaria y financiera y del sistema notarial, así como también un informe policial.

ARCHIVO. En el escrito, el fiscal Añanca pide el sobreseimiento (archivo) de la investigación para todos los involucrados en el extremo de lavado de activos. No obstante, nuestras fuentes refieren que la Procuraduría de Lavado de Activos, apersonada en esta causa, puede plantear una investigación suplementaria. Y es que, trascendió que el fiscal solicitó el archivo de este delito, porque no se pudo concluir con las pericias. 

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