Caso San Bartolo: piden levantar secreto bancario de Morillo y empresarios

La Procuraduría Anticorrupción del Santa ha solicitado al Ministerio Público, tramite ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, un requerimiento de levantamiento del secreto bancario de los empresarios investigados por el caso del canal Santa - San Bartolo, entre los que se encuentra el actual gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, en su calidad de representante de la empresa JJM Minería y Construcción SAC.

El requerimiento ha salido del despacho del procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, para que el fiscal anticorrupción Wilder Delgado - quien tiene a su cargo las pesquisas de este sonado caso - pueda concretar el pedido, el cual deberá ser evaluado en una audiencia, debido a que la investigación ya se encuentra judicializada.

LA LISTA

También se pide aplicar esta medida a las personas jurídicas de A&R SAC, Project Construcción SAC, JJM Minería y Construcción SAC y JJM Contratistas Generales SRL.

La Procuraduría Anticorrupción considera que se deben conocer los movimientos bancarios de estas personas (naturales y jurídicas) durante el proceso de ejecución de la obra y también posterior al mismo, ya que, se habla de que habrían continuado pagándose valorizaciones aún hasta el 2012.

¿En qué se basa el pedido hecho por la Procuraduría?. Uno de los fundamentos usados es parte del interrogatorio al que fue sometido el gobernador regional, Juan Carlos Morillo por este caso. Se refiere, específicamente, a la respuesta número tres del cuestionario fiscal, en la que el mandatario ancashino indica : “que nuestra relación empresarial no terminó en buenos términos dado que ellos (otras empresas) manejaban las cuentas corrientes de las obras que ejecutamos juntos y nunca me depositaron nada a mi ni a mis empresas por concepto de utilidades, lo que ha generado que hasta la fecha, las empresas, ahora representadas por mis hermanas, mantengan dichas acreencias con ARSAC”.

Para la Procuraduría es necesario que quede acreditado mediante documentos que el investigado Juan Carlos Morillo, efectivamente, no percibió utilidades producto de la obra que ejecutó como parte del Consorcio San Bartolo y por la cual, el Gobierno Regional de Áncash (GRA) terminó pagando nada menos que 36 millones de soles.

Además de verificar los dichos de Morillo, lo que busca la defensa del Estado es establecer “una ruta del dinero” que cobraron las constructoras, toda vez que la tesis fiscal advierte de una presunta “colusión” con la finalidad de favorecerlos con adelantos que no estaban contemplados en las bases. Asimismo, la identificación de cuentas bancarias, tanto de personas naturales como jurídicas, también servirían para una futura reparación civil, en caso el Poder Judicial encuentre responsabilidad penal en algunos de los ahora investigados.

Se debe mencionar que de acuerdo a los documentos que obran en los anexos del informe de La Contraloría General de la República, se indica que en la composición del Consorcio San Bartolo la empresa Arsac tuvo el 69%, mientras que entre las constructoras de Morillo y su hermana, llegaron al 30%.

COSAS NO TAN CLARAS

Y es que además de las nulas utilidades que extrañamente Morillo dice tener con la ejecución de una obra que tuvo en juego millones de soles, hay otras cosas no tan claras para la Procuraduría, razón por la cual además de su pedido de levantamiento del secreto bancario de los investigados, ha adicionado otros requerimientos que deberá dar trámite el Ministerio Público, siempre y cuando comparta el mismo criterio de la defensa del Estado.

Uno de estos requerimientos es una pericia grafotécnica a los documentos contenidos en el apéndice 26 del informe de La Contraloría. Esto, a fin de acreditar que la firma que aparece en el cobro del cheque por adelantos, efectivamente, pertenece a Juan Carlos Morillo. Y es que el mandatario ancashino dijo al fiscal en el interrogatorio: “yo no he tramitado ninguno de los adelantos (de pagos), ni el directo ni el de materiales, por ser una obra que recién empezaba y no había personal administrativo en el consorcio, yo solo recepcioné el cheque y lo deposité en la cuenta bancaria del consorcio”.

La versión dada por Morillo de que su empresa únicamente “alquiló” la maquinaria para el consorcio, también levanta ciertas sospechas para la Procuraduría, por lo cual considera que esta versión debe ser confirmada con documentos que debe alcanzar la defensa de Morillo, tales como la titularidad de tarjetas de propiedad o la firma de contratos por los alquileres a los que hizo referencia en sus declaraciones ante el fiscal el pasado 5 de julio.

Las versiones que han dado los diversos empresarios que han desfilado en la Fiscalía hasta ahora por este caso, tienen el ánimo de salvar responsabilidad en cualquier hecho, señaló una fuente de Correo en la Fiscalía Anticorrupción. “Hay contradicciones entre algunos testimonios de los empresarios, respecto al manejo y participación del consorcio”, sostuvo nuestro informante.

PESQUISA

La teoría del Ministerio Público es que los integrantes de dicho consorcio se habrían coludido con la exautoridad regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado con la obtención de la buena pro a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Además, para beneficiarlos durante la ejecución de la obra con el pago irregular de adelantos directos. Es preciso señalar, que dicha obra fue licitada por 17 millones 786 mil 118.66 soles y terminó costando más de 36 millones de soles, un 106% más de su valor inicial, según un informe de La Contraloría.

El fiscal Wilder Delgado realizó la recalificación de la investigación por el delito de negociación incompatible al de colusión.

Finalmente, también se amplió la formalización contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, el exgerente de Estudios y Medio Ambiente de Chinecas, Yordan Américo Baldoceda Ponce; el representante común del consorcio San Bartolo, Francisco Iván Argumedo Estay, y contra los exgerentes de Chinecas, Juan Gualberto Cortez Chicoma y Víctor Joel Cerna Baes.