Caso USP es el nuevo "caballito" en los comicios

La denegatoria del licenciamiento institucional de la Universidad San Pedro (USP) por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que afecta a más de 19 mil jóvenes universitarios; parece haberse convertido el nuevo "caballito de batalla" de los candidatos de Áncash en estas Elecciones Congresales Complementarias 2020.

A las promesas de campaña comunes como Chinecas, el puerto, titulación de invasores, y otros; en estos comicios los postulantes ofrecen, incluso, "solucionar", el problema de la USP y por consiguiente de más universidades particulares del país a las que se les ha denegado la

FUNCIONES

Respecto al tema de leyes, se debe precisar que este nuevo parlamento estará solo un año y medio en funciones y tendrá, como principal función, revisar aquellos decretos que se ha emitido por el Ejecutivo durante este tiempo que no ha existido un Congreso.

PROMESAS

En la tienda fujimorista, desde noviembre, un mes antes que se conozca la suerte de la USP, el candidato Gerson Chávez Miranda, anunciaba que la primera semana de su gestión iba a presentar un proyecto de ley para evitar el cierre de universidades en Áncash.

En un video colgado en su red social, el postulante acusó a la Sunedu de "regresarnos a la oprobiosas épocas que no habían universidades en Chimbote". Se debe subrayar que la evaluación que realiza la Sunedu, se basa netamente en aspectos técnicos, con el objetivo de que en el país no funcionen universidades que no cumplen las condiciones mínimas de calidad.

Luego de conocida la decisión de Sunedu, el candidato anunció que su proyecto de ley busca que se le otorgue dos años más de plazo a las universidades no licenciadas privadas para que se implementen un plan de emergencia y sigan funcionando.

El tema ha sido tan candente que ha generado enfrentamientos entre los mismos candidatos fujimoristas. Chávez Miranda, a través de Facebook, le increpó a su colega Carlos Domínguez: "¿así defendiste a las Universidades en Chimbote?, diciéndoles que todo iba bien y que como siempre tenían tu “respaldo”".

También a través de esta red social, Domínguez le respondió afirmando que en su pasada gestión como miembro del disuelto Congreso "impulsó" mesas de trabajo para el tema de los licenciamientos de la USP y de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH).

En el partido de Solidaridad Nacional, se vienen difundiendo volantes de los candidatos Walter Vásquez y Felipe Mantilla, quienes consignan entre sus promesas "revisar y fiscalizar las resoluciones de la Sunedu".

En esta misma agrupación, la candidata Sandra Fernández Beltrán, incluso a participado de las marchas de los estudiantes de la USP y ha colgado en sus redes sociales fotografías, firmando un acta de conformación de lucha por esta casa superior de estudios.

En el Partido Aprista Peruano, no solo se enfocan en la USP y la ULADECH, por ejemplo, el candidato Óscar Urbina propone "derogar todas las resoluciones emitidas por la Sunedu a nivel nacional", porque afirma que hay más de 76 mil estudiantes afectados.

En la casa del pueblo de Chimbote, los apristas incluso han colgado una gigantografía donde brindar su "apoyo" en la lucha por evitar el cierre de la USP y la ULADECH.

En el Partido Popular Cristiano (PPC), la candidata Sharon García, sostiene en redes que de llegar al Congreso impulsará la propuesta de dejar sin efecto la moratoria que impide que se inicien nuevos trámites de licenciamiento.

Estas son solo algunas de las propuestas, seguramente en los próximos días seguirán saliendo más de este tipo.

OPINIONES

“El congresista puede proponer, la cuestión es la viabilidad (de las iniciativas legislativas). Hay un detalle además que es cómo lo va a implementar (los planes de emergencia), habría que preguntarles quién lo va a financiar, en el caso de las universidades públicas, claro, es una responsabilidad del Estado”, expresó.

Tapia, quien también ha ejercido la docencia universitaria, puntualiza además que la tarea de la Sunedu es mejorar la calidad de educación superior y recuerda que es un ente autónomo.

“En este caso (de la USP), estamos hablando de temas como la corrupción que ha llevado a un pésimo servicio. Las condiciones básicas no se cumplen y eso se sabía desde el año 2016, pero no hicieron nada por levantar las observaciones”, criticó.

Para el abogado Julio Roncal Briceño, asesor legal de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Áncash (Acurea), se tratan de “propuestas solo con el objetivo de sumar votos”. Además, considera “irresponsable” que se prometa, por ejemplo, derogar todas las resoluciones de la Sunedu, cuando será un período legislativo corto el que cumplirán los futuros congresistas.

“No deben prometer cosas que no pueden cumplir. Solo estarán un año o año y medio y la tarea que tendrán como prioridad es el control de los decretos supremos que ha emitido el Ejecutivo (...) no deberían jugar con las expectativas de los ciudadanos”, dijo.

El letrado consideró que es bueno que se aborde el tema, pero opinó que debe hacerse de manera responsable.