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Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público busca que el Poder Judicial (PJ) ordene el decomiso de los siete inmuebles que actualmente tienen la condición de incautados, en el marco de la investigación que afrontan el prófugo exalcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán y su entorno, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Cuando el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, presentó su acusación contra Fernández, sus familiares y amigos; no consignó este pedido. Sin embargo, tal y como se informó hace semanas, solicitó la carpeta al juzgado a fin de hacer algunas precisiones : el requerimiento del decomiso es una de ellas.
Fuentes judiciales de Correo indicaron que esta pretensión ya ha sido debatida en audiencia. Aunque las partes protestaron por ello, las fuentes aseguran que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado, en ese extremo, el pedido que formuló el fiscal Añanca.
Los abogados de las partes acusadas protestaron por esta “precisión” hecha por la Fiscalía cuando la investigación se encuentra a punto de ingresar a la etapa de juicio oral. Las defensas acusaron al fiscal de introducir hechos nuevos para que sean debatidos en el control del requerimiento acusatorio, sin embargo, Añanca rechazó tales sindicaciones.
“No hay hechos nuevos, no es como las defensas dicen”, declaró a Correo al tiempo de confirmar su pedido de decomiso de las propiedades.
LOS BIENES
Como se sabe, en agosto del año pasado, la Fiscalía realizó – con la autorización del Poder Judicial – la incautación de siete inmuebles vinculados a personajes investigados en la pesquisa que persigue a Fernández Bazán. Dos de estos bienes están ubicados en Trujillo, región La Libertad y el resto en el distrito de Nuevo Chimbote.Se trata de inmuebles ubicados en la urbanización Casuarianas, otro en la avenida Coishco y en la H.U.P. Miguel Grau; todos en el distrito sureño. Así como otros en las urbanizaciones California y Jardines del Golf en el distrito liberteño de Víctor Larco Herrera.
Actualmente estas viviendas están en custodia del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Incluso, la vivienda de la urbanización Casuarinas, que era ocupada por Fernández y su familia, ha sido cedida provisionalmente a la Fiscalía del Santa, por lo que allí actualmente funciona la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
La tesis de la Fiscalía es que estos bienes habrían sido adquiridos con “dinero ilícito” que el exalcalde sureño habría adquirido producto de su paso por la comuna de Nuevo Chimbote (en su primera gestión). Para darle apariencia lícita, sostiene la Fiscalía, Valentín Fernández habría utilizado a sus familiares y amigos a fin de que adquirir los inmuebles.
Cabe señalar que ninguno de los bienes que son materia de la investigación se encuentran a nombre de Valentín Fernández, tres veces alcalde de Nuevo Chimbote.
“El decomiso ya es algo definitivo, es decir, los bienes pasarían a ser del Estado, diferente a la situación de incautación que tienen actualmente”, explica el fiscal Laureano Añanca.
La situación de los bienes de los investigados aún será determinada al final del proceso judicial, es decir, si la acusación ingresa a la etapa de juicio oral y un juez falla declarando culpables a los acusados.
PENAS
En abril de este año, después de varias ampliaciones y hasta una investigación complementaria ordenada por el Poder Judicial, finalmente el fiscal Añanca emitió su pronunciamiento acusando a Fernández Bazán del delito de asociación ilícita. En su escrito el magistrado plantea una pena de 15 años de cárcel, ya que considera que cometió el ilícito “en su forma agravada”. Para el representante del Ministerio Público, el exalcalde habría liderado la presunta asociación ilícita y además se le acusado de haber “abusado de su condición de funcionario público”.En tanto, para sus padres (Valentín Fernández Neyra y Nury Bazán de Fernández) y las hermanas del exalcalde (Nury y Luz Marina Fernández Bazán), así como para Frank Taylor Jiménez Esquivel; el fiscal solicita 18 años de pena.
En el caso del empresario Luis Vásquez Wong, la Fiscalía ha planteado 20 años de encarcelamiento.
Durante el desarrollo de la investigación, el Ministerio Público ha recabado información bancaria, incautado bienes y además realizado peritajes contables. Con estos documentos y las declaraciones, ha considerado que sí hay elementos para llevar a juicio oral a los investigados.
