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A menos de tres meses de su nueva gestión edilicia, la lupa del Ministerio Público vuelve a colocarse sobre el alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo , Valentín Fernández Bazán.

TRAS SUS PASOS. Y es que desde hace un mes, la Fiscalía viene siguiéndole los pasos a él y “a otras ocho a diez personas” de su entorno familiar por el presunto delito de lavado de activos.

Fuentes del Ministerio Público del Santa informaron a Correo Chimbote que la disposición de inicio de investigación preparatoria fue emitida por la fiscal superior Nancy Moreno Rivera, quien en en este distrito fiscal es la que conoce las investigaciones de este tipo.

“Esta no es una investigación reciente, viene desde el 2008, pero es una muy diferente a la investigación por enriquecimiento ilícito en el que actualmente hay un recurso pendiente de resolver”, indicó el informante.

Las pesquisas se ejecutan en la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en donde se ha asignado un despacho para conocer estos casos.

Además de la fiscalía, las indagaciones habrían sido asumidas también por la procuradora nacional de Lavado de Activos, Julia Príncipe.

Mediante comunicación telefónica, la fiscal Nancy Moreno evitó entrar en detalles de esta investigación.

“Más información podría brindarle la procuradora Julia Príncipe. Yo voy a evitar dar detalles de esta investigación”, señaló.

MÁS PROBLEMAS. Pero esta no es la única sospecha de la fiscalía contra el alcalde sureño. Luego que la oficina zonal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) emitiera la resolución en la que halla un incremento patriomonial no justificado de los tributos declarados por el burgomaestre, la fiscalía le ha puesto el ojo.

El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, informó que su despacho ha dispuesto una indagatoria previa para determinar si formaliza investigación por este tema.

“Se hizo una verificación de auditoría de la Sunat, ese documento se hizo público a través de los medios de comunicación y como quiera que fue conocido, hemos dispuesto una indagatoria previa. Estábamos a la espera del informe completo de la Sunat y ya nos ha llegado, en los próximos días tendré que emitir mi pronunciamiento y evaluar si corresponde o no iniciar una investigación”, declaró a Correo Chimbote.

El magistrado agregó que en los próximas días podría tipificar el presunto ilícito si es que decide iniciar una investigación contra Fernández.

Según las fiscalizaciones hechas por la Sunat, se detectaron deudas tributarias -que luego fueron canceladas- en el años fiscales 2007 (3,246 soles), 2008 de (23,528 soles) y en el 2010 (1,358 soles).

Para el ente recaudador, Fernández al cancelar estas deudas admitió tácitamente el incremento patrimonial no justificado. Tanto así que la determinación de Sunat ya se encuentra “firme y consentida”.

Incluso la Sunat cursó los resultados de su acción de control al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya que existía -según lo estipulado en el Código Tributario- la posibilidad de que Fernández no pueda asumir el cargo de Nuevo Chimbote que actualmente ostenta. Se desconoce cuál es el trámite y la decisión que tomó al final órgano electoral.

CASACIÓN EN ESPERA. Esta no es la primera vez que se vincula a Valentín Fernández con este tipo delitos. Él ya ha afrontado una investigación fiscal de la que fue absuelto en el 2013 gracias a un fallo que emitió la jueza Mardelí Carrasco Rosas.

La resolución de la magistrada fue posteriormente confirmada por los jueces superiores Frey Tolentino, José Manzo Villanueva y Eduardo Uriol Asto, entonces integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa.

El argumento para que Fernández no sea más investigado, era que “no existía una prueba concreta y fehaciente para determinar el desbalance patrimonial” que se le imputaba a la autoridad sureña. Además, la sala opinó que hubo “inactividad” por parte del Ministerio Público del Santa.

La investigación fue iniciada por una alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a la Fiscalía de la Nación, por lo cual tanto la fiscalía así como la Procuraduría Anticorrupción consideraron “cuestionable” la decisión que adoptó el Poder Judicial.

Con la decisión de la Corte Superior de Justicia del Santa, Fernández sostuvo que toda la investigación que se desarrolló en su contra no era más que una “guerra sucia” que se había iniciado en su contra. Pero mientras Fernández, ya cantaba victoria, la fiscalía no estaba dispuesta a bajar los brazos. Es así que un recurso de casación que presentó el despacho de la fiscal Nancy Moreno contra la resolución del Poder Judicial que absolvía a Fernández Bazán, fue admitido por la Corte Suprema de Justicia, quedando aún en suspenso la situación de la autoridad edilicia en esta investigación.

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