UNS debe investigar supuestos cobros de S/ 18 mil por examen

La Defensoría del Pueblo instó al rector de la Universidad Nacional del Santa (UNS), Sixto Díaz Tello, aclarar las denuncias sobre presuntos pagos de S/18 mil a cambio de las respuestas del examen presencial que rindieron los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa (Cepuns) para la carrera de medicina humana.

Como se recuerda, tras la prueba que dieron decenas de jóvenes, la UNS emitió el mismo día un comunicado en el que se anunció la “reprogramación” del examen de ingreso, generando incertidumbre.

Esto pese a que en la misma fecha habían rendido la prueba presencial para las 13 vacantes ofrecidas.

INDAGACIÓN

Al respecto, la Defensoría recogió información sobre supuestos cobros de hasta S/18 mil a los postulantes, con la finalidad de que puedan obtener las respuestas del examen. Por ese motivo, insistió en que las autoridades universitarias transparenten la información y se solicite la intervención de las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para el inicio de las investigaciones penales.

La Defensoría pudo conocer que la reprogramación habría sido adoptada ante presuntas irregularidades en el examen de admisión.

Sin embargo, es necesario que se precisen los motivos, a fin de evitar cualquier duda que pueda afectar el derecho a la educación de decenas de jóvenes.

“Las autoridades de la universidad deben dar un mensaje claro sobre las razones de la reprogramación del examen para la especialidad de Medicina, no hacerlo solo genera dudas y cuestionamientos al proceso de evaluación y si se ha detectado alguna irregularidad, esta debe ser comunicada de manera inmediata para que se exija también la intervención de las autoridades encargadas de administrar justicia”, explicó la coordinadora del módulo de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez.

La representante de la Defensoría del Pueblo precisó que esta medida de reprogramar una nueva fecha de evaluación, de manera repentina y sin ninguna explicación clara, afecta el acceso a la educación y la economía y salud de decenas de postulantes, muchos de los cuales deberán trasladarse nuevamente hacia Chimbote desde otras localidades, con el riesgo de contagiarse de COVID-19.