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Al parecer, las denuncias por presuntos hechos irregulares en la gestión edilicia que encabeza Julio Cortez Rojas al frente de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), no han caído en saco roto.
La Procuraduría Anticorrupción del Santa ha iniciado acciones frente a las diversas denuncias que han venido presentando regidores municipales.
Además de abrir casos designados a abogados de la entidad del Estado, estos han presentado incluso en algunas oportunidades denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Santa para esclarecer estos hechos.
CASO PANELES. Frente a la presunta sobrevalorización de gigantografías que denunció Correo y que luego fue tomada por el regidor provincial Santos Paredes García, la acción de la Procuraduría ya está avanzada.
El día miércoles 4 de mayo, un día después del informe periodístico de este diario, el concejal Paredes presentó un escrito ante el despacho del procurador anticorrupción Richard Asmat, advirtiendo además de los presuntos sobrecostos de los paneles, que la empresa a la que se benefició con el servicio de 1,700 soles, Inversiones y Servicios Generales Astros SRL había declarado ante la Sunat una dirección que pertencía a una casa en venta y que además, su fachada hacía pensar que no se trataba de un lugar donde se realizaran el tipo de trabajos requeridos por la comuna.
La denuncia fue derivada a Bety Quiñones Varas, abogada de la Procuraduría Anticorrupción, quien aperturó caso al respecto, es decir, inició una investigación.
En la denuncia que recibió Quiñones se adjuntaron cotizaciones de empresas que brindaban el mismo servicio que había solicitado la MPS a “Astros”, pero que en el mercado estaban valorizados en 600 soles, como costo máximo.
También presentaron fotos de la visita que realizaron los regidores Santos Paredes y Neptalí Briceño a la dirección que consignó la empresa Astros.
Todos estos elementos fueron analizados por la abogada Quispe quien el día de ayer culminó su escrito que será presentado en los próximos días a la Fiscalía Anticorrupción advirtiendo de una presunta colusión; indicaron fuentes de la entidad a Correo.
“El escrito ya está elaborado, se iba ingresar hoy (ayer) pero dado las actividades que ha tenido el Ministerio Público por su aniversario, probablemente se haga mañana”, señaló el informante.
“Ya no ha sido necesario requerir más información, desde el momento en que se visita el local del proveedor y aparentemente es una casa en venta, ya hay muchas sospechas”, añadió.
Trascendió que en la acusación de la Procuaduría serían incluidos los nombres de los funcionarios que aparecen en la orden de servicio, es decir del gerente José Chavarría Revilla y de la subgerente de Logística, Lizbet Cortez Ñiquen. Además estarían incluídos los representantes de la empresa Astros.
Sin embargo, las fuentes refieren, que en el transcurso de las investigaciones que realize la Fiscalía - en caso decida iniciar investigación preliminar - el número de investigados podría aumentar.
“Se está consignando además de estos nombres, contra los que resulten responsables”, señalaron.
Una vez presentada la denuncia, el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, deberá evaluar los elementos y decidir si designa a un fiscal anticorrupción para que conduzca las pesquisas preliminares.
CASO FICUS. Otra denuncia que ha encontrado eco en las oficinas de la Procuraduría Anticorrupción, es la de presuntas irregularidades en la adquisición de plantas orna mentales en las que la MPS invirtió más de 10 mil soles.
Además de presentar una denuncia por una sospecha de sobrevalorización, el regidor Santos Paredes, dijo a la prensa que el servicio habría sido otorgado a familiares del gerente municipal, Edgar Tapia Palacios.
El funcionario de confianza negó posteriormente que Rogger Rosillo Tapia y Betty Rosillo Tapia, representantes de la empresa Servicios Generales y Comercialización Dodo SRL, tengan algún grado de familiaridad con él.
Paredes expuso en su escrito presentado ante Procuraduría, que se habría concretado la compra con una orden de servicio anulada.
Asimismo, señaló que el pago unitario por ficus que efectuó la comuna es de 73 soles, cuando en el mercado este oscila entre 50 a 60 soles.
El escrito fue presentado el 19 de abril, y luego el caso fue asumido por el abogado de la Procuaduría, Aldo Castañeda Anton, quien se encuentra evaluando los documentos que fueron adjuntado a la denuncia de Paredes.
“Por lo pronto se ha tomado el caso, la Procuraduría ha iniciado de parte una investigación al respecto”, señaló la fuente para luego indicar que en los próximos días estaría ingresando un requerimiento ante la Municipalidad Provincial del Santa para obtener más documentos que le permitan entablar una posible denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Santa.
MÁS. Como para completar los cuestionamientos a esta gestión edilicia, el 6 de mayo, la central de transportistas liderada por el dirigente Norberto Harrinson Mori, a través de un documento advirtió presuntas irregularidades en la implementación del servicio de transporte masivo en Chimbote.
El escrito de Harrinson, señalaba que la firma Braspetrans SAC - a la que supuestamente se encargaría la tarea del transporte masivo - no cumplía los requisitos para hacerse cargo de este tema.
Esta central, que agrupa a unas 50 empresas de transporte, deslizó la posibilidad de una colusión entre los representantes de Braspetrans y funcionarios de la comuna. Por ello alcanzó una copia de su documento ante la Fiscalía Anticorrupción y la Oficina de Control Interno de la comuna para que evalúen si es que amerita iniciar una investigación respecto a este hecho que ha generado gran controversía.
