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En suspenso todavía se encuentra la apelación que hizo el expresidente regional de Áncash, César Álvarez, a la condena de ocho años y tres meses de cárcel que se le impuso por el delito de colusión en el caso de la obra de la carretera Chacas-San Luis, la cual fue ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht.
Por el momento, la exautoridad no ha podido exponer los argumentos con los cuales busca anular la sentencia en su contra, debido a problemas de comunicación. Ante ello, los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción decidieron reservar el interrogatorio al exmandatario hasta que se cumpla con la orden de trasladarlo hasta un establecimiento penitenciario que cuente con mejores condiciones técnicas para que el procesado pueda comunicarse sin mayores interferencias con la sala de audiencias donde se ventila este caso.
AUDIENCIA
La mañana de ayer se realizó en Lima la segunda audiencia por este caso; sin embargo, aunque pudo conectarse mediante videoconferencia, César Álvarez, quien se encuentra recluido en el penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, no pudo ofrecer sus descargos por interferencias en el audio.Este problema ya había sido advertido por los jueces superiores Ramiro Salinas, Guillermo Piscoya y Víctor Enríquez, en la primera sesión realizada el pasado 16 de septiembre; es por ello que aquella vez ordenaron al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que disponga el traslado del procesado a un establecimiento penitenciario que cuente con un mejor sistema de comunicación.
RESERVAN
Ayer, el colegiado dispuso reservar la toma de declaraciones a César Álvarez hasta que quede resuelto su cambio de penal.“Vamos nosotros a reiterar, ya con los apercibimientos correspondientes, a las autoridades penitenciarias para que den cumplimiento a lo que ha ordenado esta Sala, vamos a tomar las medidas del caso. En tanto no se cumpla lo ordenado por la Sala, las alegaciones tanto de usted (César Álvarez) como de su defensa, las vamos a diferir hasta el momento en que se cuente con las condiciones adecuadas para que usted pueda ejercer adecuamente los derechos que constitucionalmente le corresponden”, expresó el juez Guillermo Piscoya.
La mañana de ayer los abogados de los otros procesados expusieron sus argumentos, mediante los cuales buscan que se declare fundado la apelación al considerar que no incurrieron en algún ilícito.
La próxima audiencia fue programada para el 1 de octubre próximo, a las 10 de la mañana.
PROCURADURÍA
Si bien los procesados por este caso han presentado el recurso jurídico buscando ser absueltos, la Procuraduría ad hoc también ha apelado la condena dictada en primera instancia respecto al pago de reparación civil de solo 10 millones de soles.La defensa de los intereses del Estado solicita que se incremente el monto de reparación a 59 millones de soles por concepto de daño patrimonial y otros 35 millones de soles por daños extrapatrimonial.
CONDENA
En junio último, la jueza Nayko Techy Coronado, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, condenó a César Álvarez por las presuntas irregularidades en la etapa de ejecución contractual de la obra de la carretera Chacas-San Luis, financiada por el Gobierno Regional de Áncash (GRA), por un monto inicial de 404 millones de soles.Tras un juicio oral de 70 sesiones en la que se actuaron 750 documentales, se interrogó a 9 peritos y varios testigos; la magistrada llegó a determinar que existe “prueba indiciaria suficiente” para relacionar al expresidente regional con la cadena de actos de corrupción que se cometieron en la ejecución de esta importante obra.
Para la justicia el delito de colusión (en su modalidad simple y agravada) que cometió Álvarez, también tuvo otros autores así como cómplices.
Es así que la jueza también consideró culpables al exagerente de Infraestructura, Germán Martínez Cisneros y al exfuncionario regional Alberto Díaz Vilca. Ambos también han sido sindicados como autores del delito de colusión agravada y fueron condenados a ocho años y tres meses de cárcel. El exfuncionario regional Leoncio Mauricio Chu fue hallado autor del delito de colusión y recibió una pena de seis años y seis meses de cárcel.
En tanto, Ivonne Bayona Guío y Miguel Peralta Gibaja, han sido considerados cómplices del delito de colusión. Para la primera, se determinó seis años de prisión y para su coprocesado, cuatro años de cárcel. Sin embargo, en ambos casos, la jueza ordenó que el fallo se haga efectivo solo si la sentencia es confirmada por una instancia superior. Mientras tanto, deberán cumplir reglas de conducta, de lo contrario, serán encarcelados.
Para Antenor Kjuro Beizaga y Lorenzo De La Cruz Sánchez, se dictó cuatro años de prisión suspendida a tres en su ejecución.
Finalmente, los exfuncionarios Roger Carranza Quiñones, Ángel Rondán Ramírez y Moisés Ángeles Obregón fueron absueltos de las acusaciones por los principios de falta de pruebas y duda razonable.
