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La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 198,071 en el Gobierno Regional de Áncash (GRA) debido a que, entre el 2020 y 2021, se autorizaron pagos de remuneraciones e incentivos únicos a 21 trabajadores reincorporados con medida cautelar a la sede regional, a pesar que no les correspondía, pues esta medida era de carácter provisional porque no existía una sentencia judicial firme.
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Hallazgos
Según el informe de Servicio de Control Específico N° 018-2022-2-5332, en el 2021, funcionarios y servidores del GRA autorizaron, de manera irregular, el uso de recursos económicos destinados a remuneraciones de plazas reglamentadas por el Decreto Legislativo N° 276, para utilizarlos en el pago de sueldos e incentivo único a 18 trabajadores reincorporados por medidas cautelares a la sede regional; esta situación ocasionó un perjuicio por S/ 75,401.
Asimismo, entre los meses de enero a setiembre de 2021, la entidad regional pagó, sin sustento técnico ni legal, las referidas planillas a favor de los mencionados trabajadores utilizando recursos de plazas presupuestadas y otorgándoles derechos y beneficios que solo le corresponde al personal administrativo nombrado y contratado de la administración pública, cuyo ingreso es por concurso público.
De acuerdo al análisis del personal de control, la medida cautelar dispuso que los trabajadores mantengan su condición laboral anterior al proceso, es decir CAS y locación de servicios.
Responsabilidad
Por estos hechos 11 funcionarios y servidores públicos responsables de la elaboración, trámite y pago de planillas de haberes e incentivo único tendrían presunta responsabilidad civil y/o administrativa; entre ellos se encuentran representantes de las gerencias regionales de Administración, Presupuesto, Recursos Humanos y del área de Fiscalización.
Esta situación fue advertida oportunamente por el máximo órgano de control, mediante el Informe de Servicio de Control Específico N° 058-2021-2-5332, a través del cual la comisión auditora de ese entonces, evidenció que en el 2020 la sede del GRA registró un perjuicio por S/ 122,670 ocasionado por el mismo motivo, el uso irregular de los recursos destinados al pago del personal nombrado y contratado conforme al Decreto Legislativo N° 276.
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El desembolso irregular se concretó entre los meses de julio a diciembre del 2020 amparados en un acta de compromiso de pago firmada por la subgerencia de Recursos Humanos del GRA, argumentando la falta de recursos para el pago de haberes, en ese entonces, de 21 trabajadores CAS y Locación de Servicios reincorporados por medida cautelar; no obstante, se verificó en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que la entidad sí contaba con disponibilidad presupuestal para dichos pagos; por lo que no correspondía variarles la condición laboral ni otorgarles los beneficios y derechos que de ello se desprendían.
En este caso, la comisión auditora identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 7 funcionarios y servidores públicos encargados del uso de los recursos del GRA.
Ambos informes, elaborados por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad regional, han sido notificados al gobernador de Áncash, Henry Borja Cruzado, con la finalidad de que adopte las medidas que correspondan para el deslinde de responsabilidades.
