Detectan perjuicio de S/ 675 mil en el Gobierno Regional de Áncash

Un perjuicio económico de S/ 675,159 en el Gobierno Regional de Áncash (GRA) ha detectado la Contraloría, esto luego de que funcionarios de la entidad recibieran y liquidaran la obra de mejoramiento de los servicios de disposición de excretas en el distrito de La Libertad, provincia de Huaraz, sin aplicar penalidades al contratista, el cual incumplió los plazos para la construcción del cerco perimétrico de dos plantas de tratamiento de aguas residuales.

Por esta irregular situación, cinco funcionarios y servidores públicos del GRA tendrían presunta responsabilidad administrativa y penal.

Hallazgos

Según el informe de Servicio de Control Específico N° 18-2021, la empresa a cargo de la citada obra construyó, dentro del plazo contractual, el 29% y 58% del cerco perimétrico de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los sectores de Shipas Huain y Huasno, respectivamente; no obstante, el contratista y el supervisor reportaron la ejecución del 100% de los trabajos (130 metros de cerco de tubo de fierro y malla olímpica) y solicitaron su recepción.

Sin embargo, el Gobierno Regional de Áncash inició el proceso de recepción de la obra 92 días después de haberse culminado los trabajos, y advirtió una serie de observaciones, entre ellas, el incumplimiento en la construcción de los dos cercos perimétricos; a pesar de ello, recibieron y liquidaron la obra sin aplicar la penalidad por retraso al contratista y al supervisor, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado. Es más, permitieron que la empresa termine los trabajos pendientes durante el periodo de levantamiento de observaciones.

La ejecución de la obra en los caseríos de Arcash, Chulloc, Huasno y Shipas Huain, inició en junio del 2018 y estaba proyectada culminarse en marzo del 2019. Debido a las observaciones hechas por el Comité de Recepción, los trabajos finalizaron el 27 de julio de ese año; sin embargo, durante el proceso de liquidación la empresa aseguró que no se solicitó ampliación de plazo ni hubo paralización de la obra, aun cuando el GRA aprobó un presupuesto adicional deductivo.

A pesar de que la supervisión solicitó a la entidad verificar el levantamiento de las observaciones en julio del 2019, el GRA inició la etapa de recepción de la obra en octubre, superando ampliamente los siete días de plazo para evaluar la subsanación de las observaciones.

El informe fue notificado al Procurador Público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos. También se informó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y al gobernador Henry Borja Cruzado para las acciones que correspondan.