Discrepancias por ley sobre Terminal Portuario de Chimbote

La ley que declara de interés nacional la modernización del Terminal Portuario de Chimbote fue promulgada ayer por disposición del Congreso de la República. Al respecto, el gerente de la referida entidad, César Terrones Quezada, cuestionó la norma que impulsó el parlamentario fujimorista Carlos Domínguez Herrera al señalar que solo beneficia a intereses privados y atenta contra el proceso de descentralización. En tanto, el legislador ancashino defendió su iniciativa y señaló que esta ley permitirá ampliar la operatividad para las importaciones y exportaciones, generar más puestos de trabajo, entre otros.

PUBLICACIÓN. Ayer se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley N° 30781, denominada “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización del Terminal Portuario de Chimbote para la exportación, diversificación productiva y articulación territorial”.

La referida norma cuenta con un artículo único que establece que “la finalidad es mejorar la capacidad operativa del puerto y promover el comercio e inversiones, respetando el medio ambiente y áreas naturales”.

También se consigna una disposición complementaria final que señala lo siguiente: “Encárgase al Poder Ejecutivo para que, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas, se priorice la ejecución de la presente ley”.

La norma lleva la firma del presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, quien dispuso su publicación y cumplimiento debido a que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no la promulgó en los plazos establecidos.

RECHAZA. El gerente general del Terminal Portuario de Chimbote, César Terrones, consideró que con la norma se le está quitando potestad a la Autoridad Portuaria Regional (APR) para evaluar las iniciativas de inversión privada, ya que al tratarse de una declaratoria de interés nacional se le da facultad al Ministerio de Transportes, mediante la Autoridad Portuaria Nacional (APN), para dar viabilidad a las propuestas.

“Se le está quitando la potestad que tiene la APR, a través de las normas ya dadas”, cuestionó.

El funcionario señaló que no solo se está atentando contra el proceso de descentralización, sino que también esto generaría pérdidas económicas al Terminal Portuario pues las regalías que se obtengan de los proyectos que se adjudiquen serán entregadas a la APN.

“(La norma) hace daño en el sentido de que al adjudicarse alguna inversión privada dentro del Terminal Portuario de Chimbote, los ingresos por concepto de regalías van a ir para la APN, no para Áncash”, sostuvo.

En este sentido, Terrones anunció que el presidente del Directorio de la APR, el gobernador Luis Gamarra Alor, presentará un recurso de inconstitucionalidad con el fin de que la norma quede sin efecto.

“Por qué querer retrotraer todo si es anticonstitucional, la constitución dice que la descentralización es irreversible (...) El presidente del directorio va a presentar una acción de inconstitucionalidad al Congreso a efectos de detener el tema de la encargatura al Ejecutivo porque no le corresponde, simplemente se está retrotrayendo todo”, advirtió.

PROPUESTA. Terrones reiteró que la norma impulsada por el congresista Domínguez tendría como finalidad dar viabilidad a una iniciativa privada que -según lo que ha podido conocer- busca mejorar el muelle 3, que es usado por la empresa Gerdau, quien tiene el control de Siderperú.

“Al ser de alcance nacional, Proinversión en automático va a proceder a la evaluación de la iniciativa privada que hoy por hoy existe (...) Esa iniciativa privada lo que está proponiendo es una inversión de 110 millones de dólares, en dos etapas”, declaró.

El funcionario señaló que la referida propuesta no contempla inversión en los muelles 1 y 2, que sí están bajo la administración del Terminal Portuario de Chimbote.

“La intención de esta iniciativa privada es construir la ampliación del muelle 3, que no es el Terminal Portuario de Chimbote”, agregó.

Agregó que también se pretendería utilizar un terreno de 10.5 hectáreas, pese a que se trata de “un área de respaldo para actividades portuarias de Terminal Portuario de Chimbote”. En el referido espacio se proyecta construir un patio de contenedores, acotó.

ACLARA. Por su parte, el congresista Carlos Domínguez defendió su iniciativa y sostuvo que con la aprobación de la norma se da un paso importante que da la posibilidad de contar con “un puerto moderno para tener mejores exportaciones y diversificar la productividad”.

Agregó que existe una iniciativa privada, que viene siendo vista por el MTC, para “modernizar el terminal portuario y ya no a través de un terminal de contenedores, sino un terminal multipropósito”. Además, rechazó que con la ley N° 30781 se busque beneficiar a Gerdau.

El fujimorista consideró que los cuestionamientos de parte del gerente Terrones solo obedecen a la falta de capacidad para sacar adelante el Terminal Portuario de Chimbote. Dijo, finalmente, que está a favor de que el puerto sea administrado por el Gobierno Central.