El PJ devuelve a la Fiscalía la acusación de “La Centralita”
El PJ devuelve a la Fiscalía la acusación de “La Centralita”

En medio de la sustentación de su requerimiento acusatorio por el sonado caso “”, el Ministerio Público ha sufrido un revés. En la última audiencia, el Poder Judicial (PJ) devolvió la acusación al representante de la Fiscalía, tras considerar que hay algunos aspectos de forma que deben ser subsanados.

Como se sabe, el caso se encuentra en la etapa intermedia. El Ministerio Público viene oralizando los cargos contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguillar y otras 59 personas, a quienes pretende llevar a un juicio oral por la pesquisa más grande y escandalosa de corrupción local.

DEVUELVE

El último viernes 29 de marzo, se realizó una audiencia más de control de acusación. Sin embargo, luego de la exposición que hizo el fiscal adjunto Antonio Arévalo, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, consideró que hay algunos aspectos que deben ser subsanados en el voluminoso expediente.

Para la magistrada, la Fiscalía debe realizar una precisión en cuanto a las imputaciones en contra de un grupo de investigados. Además advirtió “duplicidad” en las pruebas que adjuntó el fiscal Elmer Chirre Castillo en el escrito. De ahí, que la jueza considera que se podría reducir la cantidad de folios que actualmente tiene la acusación.

Álvarez Camacho ha otorgado un plazo de siete días al fiscal Elmer Chirre para que realice las precisiones que su despacho ha sugerido. Una vez que las observaciones sean levantadas, se podrá continuar con el debate de la acusación.

De no mediar ningún incoveneniente, las diligencias se retomarán el próximo 5 de abril, luego de la jueza notifique a las partes, el escrito con las subsanaciones levantadas.

AVANCE

Además del gran número de investigados, la abundancia de material probatorio y los hechos complejos; en “La Centralita” también se investigan varios delitos, entre ellos : peculado, lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento real y violencia contra la autoridad.

Desde el 27 de febrero pasado, la jueza Álvarez Camacho viene realizando las audiencias de control de acusación. La magistrada programó diligencias para todos los miércoles, jueves y viernes de cada semana. Esta medida originó que varios abogados renuncien a seguir llevando la defensa de los investigados.

Aún así, fueron reemplazados, en muchos casos, por abogados de la Defensa Pública y la audiencias continuaron.

A fin de darle mayor agilidad a esta etapa, la magistrada optó por escuchar la exposición de la Fiscalía, agrupando a los acusados de acuerdo a los delitos imputados.

En medio de la oralización el Ministerio Público dio a conocer su pedido para reducir las penas propuestas inicialmente para personas acusadas por el delito de asociación ilícita para delinquir, pero en cambio, también consideró que se deben aumentar los años de cárcel para quienes tienen cargos por lavado de activos.

Ya se han expuesto fragmentos de la acusación correspondiente al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, acusado de encabezar la presunta organización criminal que habría funcionado en el local de “La Centralita”.

La Fiscalía también ha oralizado su requerimiento en contra del actual consejero por la provincia de Pallasca, Martín Espinal Reyes y los excongresistas por Áncash, Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo.

ACUSADOS

El Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, acusa a un total de 60 personas de diversos delitos en contra de la administración pública, en este caso, representado por el Gobierno Regional de Áncash (GRA).

La pena máxima contenida en el escrito inicial de acusación es la de 30 años de cárcel y ha sido solicitada para César Álvarez Aguilar, el excongresista por Áncash, Heriberto Benítez Rivas y también para José Luis Cavassa Roncalla, Arnulfo Eduardo Moreno Corales, Hernán Molina Trujillo y José Luis Carmen Ramos.

Para el exalcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, ha solicitado 25 años de cárcel; mientras que para el exgerente de Infraestructura de Áncash, Dirsse Paul Valverde Varas y el exasesor de Imagen, Jorge Burgos Guanilo, pide 24 años de cárcel.

Para la prófuga exgerente de la Subregión Pacífico, requiere una sanción de 23 años de prisión y para Martín Belaunde Lossio, Regina Soto Pajuelo y el excongresista ancashino Víctor Crisólogo Espejo pide 22 años de cárcel.

La pena de 20 años ha sido solicitada para el hermano del exgobernador regional, Ángel Álvarez Aguilar y también para Antonio Jesús Rodríguez Meyzen. Para el prófugo abogado Luis Arroyo Guevara se pide que sea encarcelado por 17 años.

De otro lado, 17 baños años y 2 meses de cárcel están requeridos para Abel Ramírez Huayaney y Felipe Bermúdez.

Los investigados Hugo Mayo Cortez, Martín Espinal Reyes y Carmina Cortez Roque hacen frente a un pedido de cárcel de 15 años.

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