Fiscal que pidió prisión para red de Álvarez no tiene seguridad

La excarcelación de Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”, resulta intimidante no solo para los familiares del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco Campos, sino también para los funcionarios del sistema de justicia que trabajaron para poner tras las rejas a varios miembros de la red de corrupción que presuntamente habría liderado el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, y que habría tenido entre sus filas justamente a este sicario, hoy con paradero desconocido.

DESPROTEGIDO

Actualmente, nadie conoce el paradero de “Goro”. Si a eso le sumamos que el magistrado, que aún tiene varias acusaciones de casos emblemáticos relacionados con la red de Álvarez, camina sin ningún efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardándolo, la situación es aún mucho más crítica.

Fuentes de Correo en la Fiscalía informaron que el fiscal Añanca - quien además preside el Grupo Especial Anticorrupción (GEA) - no cuenta seguridad del Estado desde hace seis meses, pese a los complejos casos que investiga.

Según las fuentes, Añanca rechazó el cambio de efectivo que le asignaron para su resguardo. El motivo es que el fiscal habría detectado “movimientos extraños” de parte del agente policial que ponían en riesgo las investigaciones e incluso datos sobre sus acciones personales. En ese sentido, el fiscal solicitó que vuelvan a asignarle al efectivo policial que lo cuidaba anteriormente, pero en Seguridad del Estado no le han dado respuesta.

Ayer, en la audiencia de control de acusación de la pesquisa del prófugo exalcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, el fiscal Añanca llegó sin seguridad e incluso se tuvo que trasladar en un vehículo no oficial de la Fiscalía.

TEMOR

“Partiendo de la premisa de que en ese caso (“La Centralita”) había un brazo armado, estaba dirigido por esta persona (“Goro”), naturalmente que es preocupante por mi propia seguridad, la de mi familia y de los casos que aún están en giro y que tienen relación directa con los actos que ha realizado esa gestión del gobierno regional”, mencionó.

Añanca recordó que actualmente se encuentran en investigación el caso de la obra Coliseo Cerrado Gran Chavín, la avenida José Pardo, la avenida Industrial y otros que tienen que ver con funcionarios investigados también en el caso “La Centralita”.

A eso hay que agregarle que actualmente el GEA trabaja en la calificación de nuevos casos producto de la información que envió el fiscal Elmer Chirre tras concluir su investigación en Lima por la sonada pesquisa.

PROTECCIÓN A TESTIGOS

Si bien, Asmat sí cuenta con resguardo policial, considera importante que estas medidas sean extremadas y que también se extiendan a los fiscales que tienen casos relacionados con la red de Álvarez.

“Hay que recordar que la hipótesis de la Fiscalía es que habrían existido brazos o ramificaciones, una de ellas el brazo criminal”, expresó.

Asmat pidió tener en cuenta que el caso “La Centralita” aún está en control de acusación y que los testigos y colaboradores eficaces deberán corroborar sus declaraciones en un eventual juicio oral. “Con ‘Goro’ libre, se correría el peligro de que algunos no quieran hacerlo”, anotó.

MÁS MEDIDAS

Además pidió a la Procuraduría del INPE que amplíe la denuncia penal a más funcionarios presuntamente involucrados en la irregular excarcelación de “Goro”.