Fiscalía incluye a Morillo en pesquisa por canal San Bartolo
Fiscalía incluye a Morillo en pesquisa por canal San Bartolo

El gobernador regional de , Juan Carlos Morillo Ulloa, ha sido incluido en la investigación por la cuestionada obra del canal Santa - San Bartolo, que ejecutó su empresa en la gestión del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

A pesar de la documentación que formaba parte de los anexos del informe de control de la Contraloría, en el que figuraba el nombre de Morillo; el Ministerio Público no había incluido a él ni a ninguno de los empresarios que se adjudicaron esta obra que inició con un presupuesto de 17 millones de soles y terminó costando 36 millones de soles.

AMPLIACIÓN

Luego de la publicación de Correo, respecto del comprobante de pago por el adelanto de la obra, en el que aparece la firma de Morillo, la Fiscalía del Santa anunció la ampliación de la investigación preparatoria.

En esta disposición emitida por el fiscal anticorrupción Wilber Delgado - ahora a cargo de la pesquisa - se incluye a la actual autoridad regional en la calidad de representante de la empresa JJM Minería y Construcción SAC. Además, se comprendió al representante de la empresa AyR SAC Contratistas Generales, Francisco Argumedo Druett, y a la titular de la empresa JJM Contratistas Generales SRL, Janet Etelvina Morillo Ulloa.

También, se consideró a la representante de la empresa Project Constrution SAC, Yuri Valery Manrique Rivera. Todos los antes mencionados integrantes del consorcio San Bartolo.

Tal y como lo dio a conocer Correo en su edición del último fin de semana, la Fiscalía también incluyó al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, así como el exgerente de Estudios y Medio Ambiente de Chinecas Yordan Américo Baldoceda Ponce, el representante común del consorcio San Bartolo, Francisco Iván Argumedo Estay, y contra los exgerentes de Chinecas, Juan Gualberto Cortez Chicoma y Víctor Joel Cerna Baes.

DELITO DISTINTO

Para que se pueda lograr la incorporación de Morillo y los nuevos investigados, el fiscal tuvo que recalificar el delito de negociación incompatible a colusión.

La teoría del Ministerio Público es que los integrantes de dicho consorcio se habrían coludido con la exautoridad regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado con la obtención de la buena pro a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Además, para beneficiarlos durante la ejecución de la obra con el pago irregular de adelantos directos.

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