Fiscalía investiga a 30 por 17 obras hechas en era Álvarez
Fiscalía investiga a 30 por 17 obras hechas en era Álvarez

El turno de los empresarios. Producto de los hallazgos en el sonado caso de corrupción denominado “La Centralita”, la Fiscalía Anticorrupción del Santa ha formalizado investigación preparatoria contra un total de 30 personas por presuntos hechos irregulares en la adjudicación de 17 procesos de selección de obras así como la elaboración de expedientes financiados por la Subregión Pacífico, durante la gestión del exgobernador regional de , César Álvarez Aguilar.

LA HISTORIA

Los últimos días de diciembre del año pasado, el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios remitió a la Fiscalía Anticorrupción local la pesquisa que ya tenía iniciada, pero en la fase preliminar.

El fiscal supraprovincial, Elmer Chirre Castillo – quien estuvo a cargo de investigar “La Centralita” - hizo la consulta a la Fiscalía Superior Coordinadora y por un tema de competencias, se concretó el traslado de toda la información a este despacho local.

Es así que la “megainvestigación” que ahora se desarrolla en Chimbote, ha sido asignada con la carpeta fiscal 1-2019 y se encuentra a cargo de los fiscales Laureano Añanca Chumbe e Isela Gonzales Torres.

Desde Lima, en la fase preliminar, el Ministerio Público llegó a recabar las conclusiones de informes de la Contraloría General de la República que advertían presuntas irregularidades en estos millonarios procesos. Esa es la arma principal que por ahora tiene la Fiscalía para sustentar su tesis de que hay un “modus operandi” que habrían empleado exfuncionarios regionales para favorecer a empresarios.

INVESTIGADOS

Correo ha accedido a la disposición de formalización de investigación preparatoria hecha por los fiscales Añanca y Gonzales. Según fuentes de este diario, el documento fiscal ya ha sido notificado a las partes.

Figuran en la lista de investigados : Luis Humberto Arroyo Rojas, Verónica Bermúdez Rodríguez y Juan Carlos Gallo Zegarra, los tres ocuparon el cargo de gerentes de la Subregión Pacífico, máximo cargo de confianza en la zona costa de Álvarez Aguilar.

De acuerdo al documento fiscal también se encuentran comprendidos : Segundo Francisco Moncada Saucedo, Luis Andrés Caipo Paredes, Oscar Salgado Olivo, Cecilia Alfaro García, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios, Cynthia Paola Morán Li, Samuel Méndez Sicha, Luis Martín Ortecho Carbajal, Giovanni Montoya Siles, Manuel Castro Ramírez y el prófugo empresario constructor Jack Castillo Castillo.

También figuran en la lista: Edgar Ysaac Castro Loyola, Erodito Salinas Alayo, Yonel Benites Saldaña, Enrico Castañeda Casanova, Milton Meléndez Luján, Ney Córdova Salinas, Anderson Arquero Cruz, Henry Aguilar Baca, Wilmer Loyaga Vera, Mirtha Vicencio Gilio, Floricelda Velásquez Lezama, Kelly Villanueva Chávez, Juan Castillo Villacorta, Jim Romero Rodríguez y Luis Neceisup Azán.

La Fiscalía persigue los presuntos delitos de colusión – en las modalidades de desleal y agravada – así como asociación ilícita para delinquir.

Dada la gran cantidad de investigados y la alta complejidad que tendrá esta investigación, el plazo que se ha fijado es de 36 meses, el tiempo máximo que tiene el Ministerio Público para investigar los casos que están enmarcados en la criminalidad organizada.

“(...) atendiendo a las evidentes características de complejidad del proceso, el aspecto sustancial el aspecto sustancial con la finalidad de establecer plazo de investigación se centra en la existencia de una organización de carácter criminal, por lo que se fija el plazo correspondiente a 36 meses”, indica la disposición fiscal.

Fuentes en la Fiscalía Anticorrupción de Correo, informaron que los fiscales evalúan incluir a los consorcios que ejecutaron las obras y se adjudicaron los servicios, como personas jurídicas investigadas.

TESIS

La Fiscalía puntualiza que los hechos presuntamente irregulares investigados se habrían cometido entre los años 2009 al 2013. Las obras y servicios adjudicados a los empresarios, abarcan la jurisdicción del Santa, Casma y Huarmey.

Durante esos años, sostiene el Ministerio Público, “se habría realizando diversos actos tendientes al favorecimiento de determinados grupos de empresas"

La modalidad en la que se adjudicaron estos procesos, tiene mucha similitud con lo descubierto en el caso del coliseo cerrado : transgresión de las