Fiscalía investiga a Álvarez y Arroyo por cohecho

Poco antes de dejar el cargo, la exprocuradora adjunta Yeni Vilcatoma De La Cruz consiguió que la Fiscalía Supraprovincial de Delitos de Corrupción de Funcionarios inicie una investigación más sobre los detenidos César Álvarez Aguilar y Luis Arroyo Rojas, acusados de liderar una supuesta organización criminal en Áncash.

Se trata de la investigación preliminar 014-2014, que comenzó el despacho del fiscal supraprovincial Marco Huamán Muñoz, en la que se persigue el delito de cohecho que, presuntamente, habrían cometido ambas exautoridades.

La investigación que desarrolló la Procuraduría se basa en la tesis inicial con la que se dio inicio a las investigaciones por el caso “La Centralita”. La que ofreció el ‘excomando’ Juan Calderón Altamirano, de que en el inmueble de la urbanización “La Caleta” se habrían pagado a jueces, fiscales y periodistas a fin de favorecer - presuntamente- en las investigaciones a Álvarez y los demás miembros de su cúpula.

ELEMENTOS. Después de su abrupta y escandalosa salida de la Procuraduría Anticorrupción, Correo pudo comunicarse con Yeni Vilcatoma, quien explica que la investigación por cohecho que realiza la Fiscalía es - según su criterio - “mucho más importante que la de ‘La Centralita”.

“Hay que recordar la denuncia inicial del señor Altamirano, que en ese lugar (La Centralita) se pagaban a jueces, fiscales, periodistas, y además que ahí se planeaban ataques a opositores, uno de ellos supuestamente fue el del atentado hacía el señor Nolasco”, señala.

La investigación 14-2014 está referida a la actuación que tuvieron los órganos de justicia, incluso, la Policía durante el primer atentado contra el desaparecido Ezequiel Nolasco en el 2010, que cobró la vida de su hijo político Roberto Torres.

La presunta organización criminal, habría - según la tesis de la Procuraduría- desembolsado dinero a jueces y fiscales a cambio de que los integrantes de la cúpula salgan “limpios” de todo el proceso.

“Hay que recordar que hay muchas irregularidades que denunció Nolasco durante todo el proceso que estaban referidas a actuaciones de jueces y fiscales”, anota Vilcatoma.

Por el momento, el caso tiene como investigados solo a Álvarez y Arroyo; sin embargo, la idea es que extienda a otros, tales como el exmiembro de la Policía Nacional del Perú Ricardo Patiño Marmanillo, sindicado como parte de la presunta organización criminal liderada por Álvarez.

Yenni Vilcatoma recordó la existencia del audio en el que la asesinada Hilda Saldarriaga acusa a Patiño de ser el encargado de pagar a los sicarios que atentaron contra Nolasco en el 2010.

“Ese audio, por ejemplo, nunca fue escuchado, cuando era una diligencia elemental. Durante todo el proceso referido al atentado de 2010, el señor Nolasco dijo que tenía ese material, pero no cumplieron con escucharlo. Eso es muy grave para las investigaciones”, mencionó.

Antes de salir de la Procuraduría, Vilcatoma envió una recomendación al despacho del fiscal Huamán, exigiéndole que se cumpla “cuanto antes” con la diligencia referida a este audio. Se desconoce si hasta la fecha se ha cumplido con ello.

Otro aspecto abarcado en la denuncia de la Procuraduría, es también la apertura de sobres lacrados durante la detención Jaime Sánchez Cachay “Piolín”.

Según denunció Nolasco, el secretario judicial del Módulo de Atención Básico de Nuevo Chimbote, dirigido en ese entonces por la jueza Susana Quispe Trujillo, abrió sobres sin autorización en los que se encontraban CD y una memoria USB que fueron incautados a “Piolín”.

Una de la diligencias que programó y cumplió la procuradora Vilcatoma es tomarle las declaraciones al secretario judicial.

Las sospechas de la Procuraduría en esta investigación se han dirigido también hacia el Ministerio Público. Esto debido a los resultados de los levantamiento del secreto de las comunicaciones de algunas personas.

Esta diligencia permitió conocer que el 20 de julio de 2010 -el día que atentaron contra Nolasco- un mismo número fijo se comunicó con el entonces fiscal decano del Santa, Dante Farro Murillo, y el exdirigente de Construcción Civil, Víctor López Padilla.

Lo que es más delicado aún, es que desde este mismo número se llamó también Óscar Díaz Alegre, fiscal que participó en las diligencias del caso.

“Esto es delicado. Se pueden inferir muchas cosas con estas llamadas, y es por ello que la Fiscalía debería prestarle atención a los resultados del levantamiento del secreto de las comunicaciones”, mencionó Vilcatoma.

CASO NOLASCO. En tanto, sobre las investigaciones en torno al caso del asesinato de Ezequiel Nolasco, que en marzo de este año cumple ya un año, se desconocen mayores avances.

Fiorela Nolasco, hija de la exautoridad regional, informó que un número de procesados solicitó el cambio de la jueza a cargo del proceso; no obstante, la solicitud fue denegada.

Asimismo, indicó, aún se encuentran pendientes las resoluciones de apelaciones presentadas por varios inculpados, quienes solicitan que se les varíe la orden de prisión preventiva por la de comparecencia simple.

Lo último que informó el abogado del Instituto de Protección Legal (IPL), Óscar Álvarez, quien lleva la defensa legal de la familia Nolasco, es que se había levantado el secreto bancario a los investigados en este caso.

De igual forma, peligrosamente, los inculpados se estaban acogiendo al derecho de guardar silencio y no responder durante los interrogatorios, además que no declararían hasta que se inicie la etapa de juicio oral, que según el letrado sería en febrero.