Un total de 30 informes sobre casos de investigación de extorsión fueron enviados por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) al Ministerio Público, pero ninguno ha sido devuelto.
La Primera Fiscalía Provincial Penal de Chimbote debía remitir las carpetas fiscales para enrumbar la investigación hacia la identificación de los extorsionadores.
“Ellos (Ministerio Público) tratan de investigar por su cuenta todo, pero no es posible porque por ejemplo no saben de las pesquisas que se realizan aquí y no tienen los suficientes elementos como para emitir un juicio”, refiere la Divincri.
Uno de esos casos, refieren, es el del informe 414, acerca de la extorsión al empresario chimbotano Paúl Salcedo López (40), quien denunció que desde hace más de un mes le envían mensajes de texto amenazantes, exigiéndole 100 mil soles o atentarán contra su vida.
El caso es solo una muestra de que los delitos de extorsión se han vuelto una de las modalidades más usadas para obtener dinero fácil por parte de bandas criminales organizadas.
