Hay 269 funcionarios procesados por corrupción

Entre el 2018 y lo que va del 2019, un total de 269 funcionarios públicos son procesados por delitos de corrupción, en causas judiciales que se ventilan en las salas de la Corte Superior de Justicia del Santa. La mayoría de estos casos tienen como investigados e imputados a servidores de municipalidades provinciales o distritales.

No solo funcionarios han sido vinculados a actos de corrupción en la administración públicas, exalcaldes provinciales y distritales, así como exgobernadores regionales también son sometidos a investigaciones (en etapa preparatoria) o afrontan juicios, acusados de defraudar al Estado.

Dentro de la lista se encuentra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, así como su sucesor en el cargo, Waldo Ríos Salcedo. También tiene procesos pendientes los exalcaldes del Santa, Luis Arroyo Rojas, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas (estos dos últimos se encuentran prófugos de la justicia). Otra exautoridad municipal que afronta procesos por corrupción es el exalcalde de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco Barreto.

CORRUPCIÓN

De los casos resueltos, 186 pertenecen al 2018 y los otros 25 culminaron recién este año, hasta marzo. Actualmente los juzgados abocados a conocer casos de corrupción (el de investigación preparatoria y el unipersonal) tienen 187 casos en trámite.

Las cifras que manejan las autoridades del sistema de justicia, nos dicen que el cáncer de la corrupción aún sigue presente en las instituciones públicas de Chimbote y Áncash. Desde el Ministerio Público, se informó que el año pasado se presentaron 478 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa.

Por si eso fuera poco, en lo que va del año 2019, ya hay 92 nuevas denuncias presentadas en estos despachos fiscales.

Las estadísticas de la Fiscalía indican que el año pasado se lograron 20 sentencias favorables, es decir el Poder Judicial condenó a los funcionarios públicos que fueron acusados de delitos de corrupción. El reporte del Ministerio Público coincide con el de la Corte del Santa, en que son los gobiernos locales los que tienen más denuncias por hechos de corrupción, pero además, precisan que los delitos que más se investigan son los de colusión y peculado.

INICIATIVA

Esta iniciativa tiene como finalidad prevenir y combatir actos de corrupción, así como promover la transparencia en la gestión pública, sobre todo en las municipalidades, instituciones contra las que actualmente se concentran la mayor cantidad de denuncias por presuntos hechos irregulares en agravio del Estado.

En este intento se han unido la Corte de Justicia del Santa, Fiscalía del Santa, la Defensa Pública de Chimbote y el Módulo de Atención de la Defensoría del Pueblo.

Los operadores de justicia del Distrito Judicial del Santa anunciaron que la primera invitación para la firma de este pacto, la tendrán los alcaldes de la provincia del Santa. Tanto el alcalde provincial, Roberto Briceño Franco así como los alcaldes de los distritos de Nuevo Chimbote, Samanco, Nepeña, Moro, Cáceres del Perú y Macate; han sido convocados para este martes 19 del corriente a fin de que coloquen su rúbrica en el documento.

El pacto integridad, lucha contra la corrupción y cumplimiento de pautas de un buen gobierno, es más que un simple documento. Su origen tiene todo un marco legal y se basa en la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción que impulsa el mismo Gobierno con miras al bicentenario.

Por ello, al firmar este pacto los alcaldes se comprometerán a disponer, mediante una ordenanza municipal la creación de una Comisión Local Anticorrupción, tal y como existe actualmente a nivel regional. De esta manera, tanto la provincia así como sus distritos contarán con esta plataforma, que será presidida por un miembro que sea elegido por la mayoría.

“Al estar comprendido dentro de una ley, que es la del fortalecimiento de lucha contra la corrupción y la implementación del sistema anticorrupción, si luego de las explicaciones y compromisos asumidos, los alcaldes no cumplen con proyectar esta ordenanza, podrían ser denunciados por omisión de funciones, que es un delito de tipo penal”, advirtió la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez.

Además de la creación de la Comisión Local Anticorrupción, la firma de este pacto también servirá para que los alcaldes - tanto de comunas provinciales como distritales - se comprometan a realizar audiencias públicas de rendición de cuentas, por lo menos una vez por un año.

En las gestiones anteriores este mecanismo de participación ciudadano no fue cumplido por casi ninguna municipalidad. Las comunas que sí llegaron a hacerlo no respetaron los lineamientos que la ley establece, y sus eventos no tuvieron tanta concurrencia, ya que lo hicieron a pocos días de que culminen sus gestiones.

“De esta manera quizá podríamos superar los problemas que hemos tenido en las gestiones anteriores con el cumplimiento de las audiencias de rendición de cuentas. De todos modos, vamos a estas vigilantes de que se cumplan con los cronogramas y los lineamientos respectivos para realizar estos eventos”, mencionó Villanueva Ramírez.

La presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Miriam Lucero Tamayo, a su turno, dijo que fiscales de prevención del delito participarán de estas audiencias.

Este pacto, pretende implementar medidas para promover la integridad y sancionar la corrupción; además, fortalecer una cultura ética en el sector público, promoviendo la responsabilidad personal la formación de integridad y la vocación de servicio que deben mantener los servidores públicos, destacó el presidente de la Corte del Santa, José Manzo Villanueva.