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Otro juicio en contra del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, se acerca a su final. Se trata de la causa judicial que se sigue contra el exmandatario ancashino por presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en la licitación y adjudicación del servicio de adecuación del proyecto original de Chinecas al esquema estructurado al consorcio Sisa, por un monto de S/ 5 millones.
El sonado caso “Sisa”, podría hacer que Álvarez reciba una nueva condena, esta vez de 5 años de cárcel. La Fiscalía lo acusa de actos de colusión a favor del consorcio y en desmedro de las arcas de la Región.
El próximo 28 de agosto, desde las 8:00 de la mañana, se desarrollarán los alegatos de clausura de este proceso judicial. Puede ser que el juzgado fije una próxima audiencia, después de esta, para dar a conocer los lineamientos de su sentencia, o también optar por adelantar su fallo el mismo miércoles de la próxima semana.
FINAL
Después de seis postergaciones, el último lunes 19 del corriente las autoridades del sistema de justicia, pudieron, por fin, interrogar a César Álvarez en este proceso judicial. La diligencia se había frustrado en anteriores oportunidades por falta de abogado de la defensa y luego por fallas técnicas que imposibilitaban establecer comunicación con Álvarez, desde el penal de Cochamarca, en la región Pasco, hasta donde fue trasladado luego de la escándalo por la irregular excarcelación de Rubén Moreno Olivo.Así las cosas, el juicio prácticamente se trasladó hasta Cochamarca. El juez Joseph Arequipeño Ríos, el fiscal anticorrupción, Laureano Añañca Chumbe y el abogado de la Procuraduría Anticorrupción del Santa, Aldo Castañeda; así como las defensas de los demás acusado.
La diligencia de interrogatorio a Álvarez se extendió por casi una hora y media, informaron fuentes judiciales de Correo.
“En líneas generales, en todos los asuntos que lo comprometen (con los actos de colusión), lo negó todo”, comentaron las fuentes.
Sin embargo, un aspecto que ha sido tomado en cuenta en especial por la Fiscalía Anticorrupción es que Álvarez reconoció que sí tomó conocimiento del documento del Instituto Nacional de Desarrollo (Inade) - entidad ahora denominada Agro Rural - en el que se daba cuenta que el costo del servicio que se la adjudicó a Sisa, estaba valorizado en apenas 102 mil soles y no en los 5 millones de soles, que finalmente terminó pagando la Región.
Álvarez dijo durante el interrogatorio que no adoptó ninguna acción concreta frente a ello, porque contaba con la información que le habían dado sus técnicos sobre el proyecto en mención.
La declaración de Álvarez era la única diligencia pendiente de actuar en juicio oral. Cumplido con esto, prácticamente terminó la actividad probatoria.
PEDIDO DE CÁRCEL
La Fiscalía ha solicitado que la justicia condene a 5 años de prisión a César Álvarez por este caso. La misma pena se pide para los demás acusados Hugo Rojas Rubio, Carlos Peralta Ruiz, Víctor Córdova Gonzales y Edmundo Cornejo Muñoz.Además de la solicitud de cárcel, el Ministerio Público requiere que estas personas sean inhabilitados para ejercer la función pública por cuatro años.
En tanto, la Procuraduría ha solicitado el pago de una reparación 5 millones 200 mil soles como reparación civil. Este abono deberá hacerse de manera solidaria, en caso sean sentenciados.
Según la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, el costo de mercado por el cual se debió licitar este proyecto era de apenas 102 mil, de acuerdo a lo establecido por el Inade, unidad ejecutora de ese entonces de Chinecas, antes que el Gobierno Central transfiera su administración al GRA.
Es decir, la sobrevalorización del estudio resulta escandalosa, más aún porque la Fiscalía también cuenta con un peritaje - y su posterior ampliación- que confirman que los precios fueron “inflados” y en los que además se remarca que “no se justificaba” el pago de los 5 millones de soles al consorcio Sisa. Esto último porque además en abril de 2012, la Gerencia de Estudio y Medio Ambiente de Chinecas ya había realizado un estudio a nivel de perfil de inversión pública de la adecuación del proyecto, cuyo monto había sido estimado en 1 millón 400 mil soles. Este informe pericial fue elaborado por el ingeniero Gabriel Ángel Galdós Lavado.
