La Centralita: La historia de un “soplo”

Tarde o temprano todo se sabe. Una de las historias dentro de la investigación de La Centralita que dejó en evidencia que los tentáculos de la organización de corrupción, supuestamente liderada por el ahora preso César Álvarez Aguilar, llegó a la Corte Superior de Justicia del Santa, es del “soplo” que frustró el objetivo del allanamiento del local que era el centro de operaciones.

El detalle de esta enrevesada historia Correo la ha encontrado en la queja que el lunes último presentó el exjuez santeño Richard Concepción Carhuancho contra tres jueces superiores de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes declararon fundado el hábeas corpus que anuló la prisión preventiva que este magistrado dictó contra la trabajadora judicial María Luisa Acosta Sánchez.

Pero no entremos en detalles sobre lo sucedido recientemente, sino enfoquémonos en lo que sucedió en el principio.

LA IMPUTACIÓN. Para estar en orden y que a usted lector no se le pase ningún detalle, debemos recordar que la imputación contra Acosta Sánchez en la investigación por este caso emblemático es: “como encargada del Centro de Distribución General (Mesa de Partes) de la Corte... y como tal era la responsable de brindar información de los procesos judiciales que ingresaban a dicha corte y en ese propósito en la tramitación del allanamiento habría filtrado el requerimientofiscalde la diucha diligencia reservada”.

ASÍ FUE. La historia que no se había contado es, justamente, la señalada por sus protagonistas. Recordemos que el allanamiento del local de la urbanización La Caleta, conocido como “La Centralita”, ocurrió el 13 de julio de 2011, dirigido por seis fiscales anticorrupción, quienes esperaban encontrar material proselitista, equipos y a trabajadores que eran pagados por Chinecas (tal como lo señala la investigación actualmente). Sin embargo, no encontraron nada. Solo cables sueltos.

Justamente, la orden judicial fue emitida un día anterior por Concepción Carhuancho como titular del Tercer Juzgado de Invesitgación Preparatoria.

Es así que en primer orden tenemos la declaración testimonial del 12 de octubre de 2012 ante el Órgano Desconcentrado de Control de la Magistratura (Odecma) de César Jiménez Rodríguez, quien en ese momento era el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción del Santa. Este magistrado fue quien personalmente presentó en esa mañana el requerimiento de allanamiento en la Mesa de Partes. Y allí en ese lugar notó una extraña conducta por parte de Acosta Sánchez.

“(…) atendiéndonos la Jefa de Mesa de Partes María Luisa Acosta Sánchez, quien al recepcionar el requerimiento empezó a hojear y preguntar de qué se trataba, quiénes eran las partes involucradas, los imputados, hablándolo en voz alta, precisó por ejemplo “en la Caleta”, “de qué se trata, ¡ha de allanamiento!, “quiénes eran los investigados, ¡ha César Álvarez!, y demoró en ingresar el requerimiento un aproximado de 20 minutos, expresiones que considero innecesarias, por cuanto al tratarse de una medida cautelar se requiere de la reserva y rapidez del caso, sin embargo, la Jefa de Partes incluso lo hizo en voz alta...”, señala su testimonial.

LA LLAMADA. Esa situación generó movimiento en la Corte, pues según la declaración del asistente del mencionado juez, Jhonny Augusto Lozano Carrasco, dentro de la investigación disciplinaria (que consta en el anexo 1-L del Informe Final de la Investigación Disciplinaria) Acosta Sánchez llamó al juzgado horas después de que el fiscal Jiménez ingresara su pedido de allanamiento.

El contenido de la conversación, el mismo Lozano asegura que no recuerda. Aunque la llamada hecha fue confirmada por la propia Acosta, en la confrontación que tuvo con el juez Concepción Carhuancho, en mérito de la investigación a la cual ambos fueron sometidos.

Pero las cosas se ponen más claras cuando la servidora Diana Obseso Lázaro (cuya declaración consta en numeral II.9 del citado Informe Final) indica que Acosta Sánchez se apersonó a las instalaciones del juzgado, ubicado en el séptimo piso de ésta sede judicial, aproximadamente entre las 2:30 p.m. y 2:50 p.m. para “solicitar el documento (requerimiento de allanamiento a la Centralita) para escanearlo”. “No solo eso, pidió hablar con el Juez, ingresando a su Despacho, conversación que no alcanzó a escuchar y luego se retiró”, se lee.

POR LA NOCHE. Sin saber qué había pasado durante ese día, el fiscal Jiménez relató (dentro de la investigación) lo que vio por la noche, lo que le motivó a sospechar más.

“... Y en relación a este hecho, también quiero precisar que, cuando mi persona salió de las instalaciones del Poder Judicial, luego de recoger la resolución que autorizaba el allanamiento, en horas de la noche, vi personalmente en la puerta de Poder Judicial al señor César Alvarez Águilar, Presidente del Gobierno Regional, rodeado con más personas vestidas con polos amarillos, hecho que más que una coincidencia me causa extrañeza que justamente en dicho momento coincida su presencia en el Poder Judicial con la tramitación del allanamiento en una investigación precisamente seguida en su contra”, detalló.

LA RELACIÓN. El interés que habría tenido Acosta Sánchez radicaría en que fue pareja en ese momento de Jaime Franco Dominguez, quien llegó a ser director regional de Trabajo, es decir, funcionario de confianza de César Álvarez. ¿En premio por ese “dato”? No se puede afirmar.

Este lazo se le fue consultado dentro de la investigación disciplinaria a Acosta Sánchez. Según refiere el juez Concepción en su queja, “la propia servidora en su declaración al responder la sétima pregunta informó sobre el vínculo que le une con el señor Jaime Antonio Franco Domínguez, señaló que es personal, es algo íntimo, no es trascendente para ellos (punto 3.2.1.3. del Informe Final de la Investigación Disciplinaria)...”

“COINCIDENCIAS”. Esta historia, que por mucho tiempo quedó en la más absoluta reserva, la conocía muy bien la gente del entorno de la organización de corrupción, algunos de ellos que se convirtieron en colaboradores eficaces, negociando así con la justicia a cambio de una pena mínima.

Justamente, los hechos coinciden casi a la perfección con lo que manifestaron el colaborador eficaz con clave 001-2014 en el caso La Centralita; y el testigo con código de reserva FSECPR 8-14 del caso del asesinato de Ezequiel Nolasco.

El colaborador eficaz en el Acta de Entrevista realizada el 14 de abril de 2014, señaló textualmente lo siguiente:

“(…), cuando hubo una orden de allanamiento al local de la Centralita, nosotros teníamos conocimiento de dicha orden dos días antes, ya que se reunió en la Centralita el presidente regional César Alvarez, el congresista Eriberto Benites [sic], el señor Martín Belaunde Lossio, también estuvo la señora Milagros Asián, esposa del Presidente Regional, Jorge Burgos, el asesor de Eribertto Benitez, señor Abel Sánchez, y uno de los editores a quien conozco como “Sanguchito”, por una de las ventanas que da a la calle me hace mención de que iban a intervenir la oficina los Fiscales, y me dijo que corrobore la información con Jorge Burgos, un día antes del allanamiento por orden de Eriberto Benitez, se sacaron todas las computadoras y que se dejen algunos discos y luego el mismo Eriberto Benitez dijo que se saque todo y que se deje limpio (cd, filmadoras, micrófonos, documentos que tiene que ver con el gobierno regional), la orden me la dio a mí y yo fui quien desmantelé todo y le entregué todo al señor Evaristo Chauca, que movilizaba las cosas en una camioneta negra que tenía a su cargo, marca Mitsubishi. (…). Se tuvo conocimiento del allanamiento ya que la información se filtró por parte de una Secretaria del Poder Judicial de nombre María Luisa Acosta, novia de Franco Dominguez, que luego fue funcionario del Gobierno Regional. Debido que se contó con tal información, el día del allanamiento los Fiscales no encontraron nada, solamente los pintores, por lo que Eriberto Benitez, juntamente con el Presidente Regional y Víctor Crisólogo, se reunieron con el Doctor Dante Farro, en su Despacho para evitar el allanamiento”.

En el caso del asesinato de Nolasco, también se investiga a esta organización porque habría cometido actos criminales para mantener su hegemonia. Es así que el el testigo con código de reserva FSECPR 8-14 indicó textualmente en su declaración de folios 2280: “(…) El señor Fernando Franco Domínguez [sic] ostenta ese cargo por agradecimiento de César ALVAREZ AGUILAR, ya que María Julia ACOSTA (esposa de Franco Dominguez), quien trabaja en el Poder Judicial de Chimbote fue quien avisó a Cesar ALVAREZ AGUILAR que iban a intervenir el lugar conocido como la CENTRALITA o BUNQUER, dándole tiempo para que éste saque todas las cosas que puedan evidenciar sus actos corruptos”.