"La Centralita": PJ rechaza archivo para 7 por delito de lavado de activos

Finalmente, el Poder Judicial (PJ), ha emitido pronunciamiento respecto a uno de los cuatro delitos que se investiga en el sonado caso de corrupción denominado “La Centralita”. La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado Penal Nacional de Investigación Preparatoria, ha notificado una disposición judicial en la que se declara infundado el sobreseimiento (archivo) para seis investigados y una persona jurídica, en el extremo de lavado de activos.

DISPOSICIÓN

También se ha dispuesto lo mismo para la empresa Ilios Producciones SAC, vinculada a Martín Bealunde y la cual habría sido empleada como “fachada” para el funcionamiento de la denominada “Centralita”, según la acusación fiscal.

En esta misma resolución, la jueza también acepta los pedidos de archivo a favor de los investigados José Carmen Ramos, Gisella Saavedra Toro, Edward Príncipe Carvallo y Darwin Martín Espinal Adriano.

Asimismo, puntualiza que no se han observado circunstancias que ameriten decretar el archivo de oficio para los acusados César Álvarez Aguilar, José Luis Carmen Ramos, Leónidas Cortez León, Antonio Jesús Rodríguez Meyzen, Russell Binci López Sánchez y Mario Fatelevich.

HECHOS

Pues bien, la Fiscalía incluyó en su requerimiento acusatorio, como primer hecho de lavado de activos, la adquisición de equipos de telecomunicaciones y alquiler de frecuencias para implementar un medio de comunicación que habría sido controlado por la organización criminal. En este hecho se comprendió a César Álvarez, Ángel Álvarez Aguilar, José Luis Carmen Ramos, Leonidas Santos Cruz León y Alejandro Esquivel García.

El segundo hecho, sostiene la Fiscalía, es la conversión de dinero a través de la compra de gorros y artefactos eléctricos. Aquí, se incluyó a Álvarez, Carmen Ramos y Antonio Jesús Rodríguez Meyzen.

También, se acusa a la organización del financiamiento de actividades ilícitas a través de la empresa Ilios Producción. Álvarez, Carmen Ramos y Martín Bealunde, están comprendidos en este hecho.

En el cuarto hecho, conversión de dinero, está incluido Russell Binci López Sánchez y en el hecho cinco, la conversión y transferencia de dinero, Gisella Katya Saavedra Toro.

Dentro del ilícito de lavado de activos, también encontramos el pago de un servicio de opinión, con dinero que serpia de procedencia ilícita, a la encuestadora Datum Internacional. Este estudio habría sido elaborado con la finalidad de ensalzar la imagen de Álvarez Aguilar, frente a los cuestionamientos y denuncias que ya se habrían contra su gestión. Por este hecho, se implicó a José Cavassa Roncalla, quien además es procesado en la pesquisa de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El séptimo hecho está vinculado a la recepción y administración de dinero de procedencia ilícita para pagos a medios de comunicación por publicaciones favorables a Álvarez o a su gestión. Aquí, la Fiscalía vinculó a la comunicadora social Regina Mercedes Soto Pajuelo, quien – según la acusación fiscal – establecía contacto con medios de comunicación en Lima a la gestión de Álvarez.

En el octavo hecho, surge el nombre de Dirsse Paul Valverde Varas y tiene que ver con pagos directos de aparente procedencia ilícita a través de contratos ficticios para asesorías (Iirsa Sur tramo 2 y tramo 3).

Una vez más, en el noveno hecho, salta el nombre de Valverde Varas, al que se suma Mario Fatelevich. Este hecho está referido al pago de dinero de procedencia ilícita a través de transferencias interbancarias internacionales.

Los últimos hechos, tenían como investigados a Edward Príncipe y Darwin Espinal.