La Fiscalía aumenta de 7 a 16 años, el pedido de cárcel para Arroyo Rojas

Actualizado el 05/05/2019, 09:26 a.m.

La Primera Fiscalía Superior Penal del Santa ha presentado una acusación complementaria contra el preso exalcalde de la provincia, Luis Arroyo Rojas, en la que eleva la pena de 7 años de cárcel (que solicitó inicialmente) a 16 años de prisión por los delitos de colusión y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

El caso está referido a la obra de agua y desagüe para las urbanizaciones Los Pinos y Laderas del Norte así como para el pueblo joven 2 de Junio; valorizadas en más de 8 millones de soles y que tuvieron como unidad ejecutora a la Subregión Pacífico, cuando Arroyo Rojas estaba al frente de esta entidad por encargo del entonces gobernador regional, César Álvarez Aguilar.

MÁS CÁRCEL

Si bien el caso ya se encuentra en juicio oral, al ser llevado con el antiguo código de procedimiento penales, cabe la posibilidad de que se pueda presentar una acusación complementaria. En este caso, la fiscal Carla Zuloaga lo ha hecho y ha advertido que no se tomó en cuenta en su dictamen original la existencia de un concurso real de delitos así como algunos agravantes al momento de determinar la pena propuesta inicialmente.

Así las cosas, al plantear la Fiscalía un concurso real de delitos, se solicitan penas de cárcel por cada uno de los ilícitos, pero estos son sumados. En el caso de Luis Arroyo, solicita la pena de 11 años de cárcel como autor del delito colusión, mientras que por el ilícito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, propone que se le imponga 5 años de encarcelamiento. Si los jueces al final del juicio consideran que Arroyo es culpable de ambos delitos, le esperaría una sentencia de 16 años de cárcel.

ACUSADOS

En el escrito de la fiscal Zuloaga, al cual ha tenido acceso Correo, también se considera que “autores” del delito de colusión a Yony Benites Saldaña, Óscar Salgo Olivo - ambos sentenciados junto a Arroyo en el caso de la “desratización - así como a Enrico Castañeda Casanova. Mientras que en el caso de Wilmer Coral Valverde y Ángel Ancajima Timaná se los califica como “cómplices primarios” del ilícito de colusión. Para todos ellos, el Ministerio Público también ha pedido 11 años de cárcel por este primer delito.

Al igual que con Arroyo Rojas, la Fiscalía también ha pedido la pena de 5 años de cárcel por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, para los demás acusados. En el caso de ellos, también se aplica la sumatoria de penas.

“(...) habiéndose realizado el acto criminal en concurso real con el delito de colusión, los mismos deberán ser considerados como delitos independientes, y, por ende, se sumarán las penas privativas de la libertad”, se remarca en el documento fiscal al que ha accedido este diario.

Seguido, la fiscal expone su pretensión de que el Poder Judicial también imponga inhabilitación para ejercer la función pública a los acusados, así como el pago de 300 días multa y una reparación civil de 100 mil soles, sin perjuicio de devolver el monto de dinero que presuntamente se invirtió de mala manera en la obra en mención

JUICIO

El proceso judicial al que hace frente Luis Arroyo Rojas y los demás acusados, se ventila en la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte del Santa, el cual también hace las veces de un juzgado liquidador de los procesos llevados con el antiguo código.

Integran el tribunal los jueces superiores Daniel Vásquez Cárdenas (presidente de la Sala), Carlos Alberto Maya Espinoza y Niczon Holando Espíritu Lugo.

El colegiado ha convocado a la próxima audiencia para este viernes 10 de mayo. En esta diligencia empezarán a declarar los testigos presentados por el Ministerio Públicos.

En la última audiencia el juzgado admitió la acusación complementaria presentada por la fiscal Carla Zuloaga. Además, los acusados se acogieron, por el momento, a su derecho a guardar silencio, dejando abierta la posibilidad de que al final del proceso sí puedan declarar.

EL CASO

El dictamen fiscal en el que se determina que luego de las diligencias correspondientes, el Ministerio Público considera que sí hay méritos para llevar a juicio oral a Arroyo y compañía, por los delitos ya antes mencionados, advierte un “contubernio” que se habría dado al momento de la adjudicación de la obra de licitación pública 009- 2009 que tenía como finalidad seleccionar a una empresa que se haga cargo del mejoramiento de agua y desagüe de la urbanización Laderas el Norte, Los Pinos y el pueblo joven 2 de Junio, que estuvo valorizada en más de 8 millones de soles.

La Fiscalía sostiene que el Comité Especial de Adjudicaciones de la Subregión Pacífico, integrado por los exfuncionarios Benites Saldaña, Óscar Salgado Olivo y Enrico Castañeda Canova; favoreció al consorcio Samara EIRL con la millonaria obra, pese a que “ no tendría la experiencia y condiciones técnicas y económicas para ejecutar el saneamiento”, que por ese entonces era cuestionada y había que atender con urgencia.

Para el Ministerio Público, el contubernio también se dio cuando este mismo comité escogió al consorcio Laderas, representado por Ángel Ancajima, para realizar la supervisión de los trabajos. Acusan a la supervisora además de no haber advertido oportunamente de las deficiencias en la ejecución de los trabajos.

La sospecha de la Fiscalía para hablar de un contubernio en ambas licitaciones radica en que, primero, ambas empresas fueron las únicas postoras durante el proceso, además de ello, cuestionan las ampliaciones de plazos que otorgó la Subregión Pacífico para que concluyan los trabajos.

“(...) dicha entidad (la Subregión Pacífico) en lugar de resolver el contrato o ejecutar la correspondiente carta fianza, así como aplicar penalidades en el respectivo contrato asintió las modificatorias realizadas e incluso autorizó el pago de los mismos”, se lee en el documento de la Fiscalía.

Con respecto al delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, la Fiscalía considera que el accionar de los investigados “promovió” a que en los lugares donde se ejecutaron los trabajos por mucho tiempo hallan zanjas y tuberías expuestas que ponían en riesgo la integridad de los pobladores de las urbanizaciones Los Pinos y Laderas, así como el pueblo joven 2 de Junio. Asimismo, consideran que este delito se configuró debido a que también se afectó el acceso por la puerta de emergencia del Hospital III del Seguro Social de Salud.