La Fiscalía busca que Valentín Fernández no salga del país por 18 meses

En las próximas horas el Poder Judicial decidirá si es que el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, tendrá prohibido abandonar el país por los siguientes 18 meses. El pedido fue oralizado ayer por el Ministerio Público en una audiencia que se desarrolló en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, que despacha el juez Jorge Luis Chávez Tamaríz, quien tras la diligencia, anunció que daría a conocer su decisión por despacho a las partes.

La medida coercitiva fue planteada por el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, en el marco de la investigación preparatoria que afronta el alcalde sureño y personas de su entorno por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

El requerimiento de impedimento de salida del país, también por 18 meses, alcanza a los investigados Valentín Salomón Fernández Neyra y Nury Soledad Bazán de Fernández (padres de la autoridad municipal); así como a sus hermanas Nury y Luz Marina Fernández Bazán; además de los empresarios Luis Vásquez Wong y Frank Jiménez Esquivel.

MÁS TIEMPO. El fiscal anticorrupción Felipe Elías Silva - quien sustentó el pedido debido a una licencia del fiscal Añanca - precisó en la audiencia de ayer que en realidad busca que la medida sea por 18 meses y no 8 meses como se había informado. Indicó que hubo “un error material” en el escrito que su colega alcanzó ante el juzgado.

El fiscal Elías dijo que se han considerado 18 meses debido a la complejidad de la investigación, el número de investigados y las etapas que aún quedan pendientes que son la de parte de investigación preparatoria, la etapa intermedia (control de acusación) y el juzgamiento.

FUNDAMENTOS. En el caso del alcalde sureño, el fiscal presentó la resolución de concejo municipal en la que se le otorga licencia por 60 días para postular a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial del Santa, así como la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) del Santa en la que le niegan el pedido de “desistimiento” de su candidatura.

Además también expuso el movimiento migratorio del alcalde.

“Es de conocimiento público que las autoridades procesadas en casos sonados terminan eludiendo la acción de la justicia. En este caso, necesitamos asegurar su presencia en la etapa de juicio oral, y en una eventual sentencia”, expresó.

Sobre los otros investigados, el fiscal también expuso su récord migratorio, así como en el caso de la investigada Nury Fernández Bazán, remarcó que también tiene la nacionalidad norteamericana, con la cual ha hecho viajes a países como Panamá y Colombia.

Para el Ministerio Público, todos estos elementos contribuyen a sospechar de un peligro de fuga en los investigados.

SE ALLANAN. Los abogados de los acusados cuestionaron que a último momento, el fiscal halla informado que varió el plazo de impedimento de salida a 18 meses. Aunque la mayoría afirmó que no presentarían cuestionamientos si en caso el juez ampare el pedido, sí consideraron que era desproporcional el tiempo solicitado.

El letrado Takeshi Vásquez, quien ejercer la defensa del alcalde Fernández, entregó el pasaporte de su patrocinado y anunció que se allana el requerimiento fiscal. Lo mismo hizo la defensa de los padres del burgomaestre sureño.

Pese a la disposición de las partes, el juez no resolvió en la misma audiencia, como se esperaba. La Corte del Santa, informó que fue porque tenía que conducir otra audiencia una vez culminada la diligencia vinculada a este caso. Hasta el cierre de esta edición, no se informó sobre la emisión de la resolución.

Se debe mencionar que la defensa de Fernández Bazán sí anunció que interpondría un recurso de apelación a la resolución judicial que declaró fundado el pedido de reposición de plazo, por dos meses, de la investigación con la cual esta concluirá aún en octubre.

“El plazo se ha perdido más por una deficiencia fiscal, en ese extremo no compartimos el criterio del juez”, dijo el abogado Takeshi Vásquez.