:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ZCKL4LUGXNHX7ENEOUWSGATGME.jpg)
Si antes compartían amistad y convicciones políticas, hoy Waldo Ríos Salcedo y Enrique Vargas Barrenechea - gobernardor y vicegobernador regional de Áncash, respectivamente - tienen en común denuncias y cuestionamientos. Esta ha sido una semana complicada para ambos en distintos escenarios.
La semana inició con el anuncio del fiscal penal de Huaraz, Guillermo Lizarzaburu Palma, quien comunicó que la audiencia para la diligencia de control de acusación en el proceso por presunta falsedad que se le sigue a Vargas se realizará el próximo 05 de octubre. Ese día se determinará si es que el vicegobernador llega a un juicio oral. La Fiscalía lo acusa de haber brindado información falsa al Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz al momento de su inscripción a las últimas elecciones regionales, por lo que ha pedido que se le aplique una pena de dos años de cárcel suspendida.
La defensa del vicegobernador ha planteado un recurso de sobreseimiento, con el que busca archivar la acusación, pero ni eso le ha salido bien. El presentar este documento le ha costado una nueva investigación a nivel fiscal por el presunto delito de falsificación de firmas.
El mismo fiscal Lizarzaburu consideró iniciar las pesquisas preliminares contra la autoridad, luego que dos personeros legales del movimiento político “Puro Áncash” señalaran que Vargas habría falsificados sus firmas en el escrito que ingresó.
Pero no solo en Huaraz Vargas ha acumulado investigaciones fiscales. En El Santa, una fiscalía penal también ha considerado que se le debe investigar por el presunto delito de nombramiento indebido del cargo debido a colocó en el puesto de gerente del Terminal Portuario de Chimbote, Jhonatan Abad.
Si Vargas acumula investigaciones fiscales, Ríos hace lo propio con cuestionamientos. Con tan solo dos meses en el poder sus principales acciones administrativas han sido sumamente criticadas a tal punto que el pleno del Consejo Regional de Áncash en su última sesión aprobó una censura contra el gerente del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Jaime Osorio.
El motivo es la cuestionada delegación de facultades que hizo Ríos a su máximo hombre de confianza y que fue revelado por Correo. En la última sesión Waldo no la pasó nada bien. La reunión fue el escenario elegido por el consejero delegado Ángel Durán León, antes hombre cercano a Waldo, para armar un nuevo escándalo.
El excomunicador le increpó que ambos planearon la promesa de los 500 soles mensuales y sabían que esto nunca se iba a cumplir. Justamente un día antes de la sesión en Huaraz, el gobernador acompañado de un grupo de alcaldes, simpatizantes y funcionarios de confianza llegó hasta Lima, específicamente al Congreso, para presentar su proyecto “Bono 500”, con el cual busca “cumplir” con su ofrecimiento bandera. Los consejeros lo han criticado.
