Ley “Brunito”: cuando las desapariciones no importan
Ley “Brunito”: cuando las desapariciones no importan

Si doña Olga Cornelio Guerrero hubiera sabido de la existencia de la “Ley Brunito”, posiblemente, su único hijo hoy estuviera con ella. Jefferson García Cornelio, de 8 años, desapareció el fatídico domingo 7 de junio de 2015. Su desesperada madre llegó a la comisaría de la urbanización 21 de Abril en , para denunciar la desaparición de Jefferson y pedir ayuda en la búsqueda.

Pero la respuesta que recibió de los policías fue que regrese 24 horas después para que acepten su denuncia. “Seguramente le has pegado, qué le habrás hecho, seguro se ha ido a sus tíos por la tanda que le diste”, le dijeron los policías, nos cuenta Gladys Valderrama, testigo presencial del hecho y quien acompañó a la madre a hacer la denuncia.

Doña Olga no se quedó con los brazos cruzados y, con la ayuda de otros comerciantes, iniciaron una infructuosa búsqueda que culminó al día siguiente con el hallazgo, sin vida, de su pequeño hijo. Su cuerpecito yacía en una zanja repleta de agua, cerca del popular mercado Dos de Mayo, el más grande de Chimbote.

“LEY BRUNITO”. Brunito Rodríguez Rojas era un niño nacido en Trujillo que sufría de autismo. Recibía terapias en centros especializados de Lima y su evolución era positiva. Le molestaba mucho los ruidos de los carros y los timbres de voz de algunas personas. Tenía hipersensibilidad auditiva, pero solo a ciertos ruidos.

Brunito se extravió el 27 de julio de 2010, a las 11:30 a. m. en el centro de Lima. Corrió aturdido por la bulla, los carros y el gentío. Fue buscado por amigos, familiares y personas de buen corazón, mientras la Policía Nacional no permitió sentar la denuncia de extravío hasta 11 horas después de comunicado el hecho. Lamentablemente, a esa hora Brunito ya había fallecido, atropellado por un tren de la Empresa Ferrocarril Central Andino S.A.

Ante esta desgracia, la madre y muchas personas voluntarias emprendieron una campaña para lograr que el Congreso de la República apruebe una ley obligando a que la Policía Nacional atienda inmediatamente las denuncias por la desaparición de niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores. El proyecto fue presentado por el congresista Luis González Posada.

Luego de tanto batallar, la ley 29685 fue aprobada en el 2011. Curiosamente, salió publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo, en el día del cumpleaños de Brunito. Doña Lis Rojas, su madre, cree que Brunito es un ángel que salvará muchas vidas. Incumplimiento y omisión de la ley

NO SE CUMPLE. La “Ley Brunito” establece que la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de recibir inmediatamente la denuncia de desaparición de niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores. La denuncia la puede hacer un familiar o persona cercana, sin necesidad de haber transcurrido las 24 horas.

Una vez recibida la denuncia, la Policía debe iniciar inmediatamente las acciones necesarias para la búsqueda y localización de la persona desaparecida.

¿Se cumple esta ley? ¿Las autoridades y población la conocen? Cuando ocurrió la trágica muerte del pequeño Jefferson, la “Ley Brunito” ya tenía 4 años de vigencia. Un reciente caso de persona desaparecida en Chimbote es el del paciente con Alzheimer Juan De La Rosa Martínez, de 70 años, a quien su esposa lo embarcó en un microbús el 4 de mayo de este año, en la esquina de las avenidas Gálvez y Alfonso Ugarte. Nunca más lo volvieron a ver.

El mismo día de la desaparición, su hija fue a la Comisaría de Chimbote pero no le recibieron la denuncia, argumentando que no se encontraba el encargado. Le pidieron que regrese al día siguiente.

POLICÍAS NEGLIGENTES. Periodistas a cargo de esta investigación, hicieron simulaciones de denuncias de desaparición de personas en cinco comisarías de Chimbote, Trujillo y Piura.

El 4 de julio acudimos a la comisaria de El Alambre (Trujillo) con la señora Jaqueline Mostacero Vargas intentado poner una denuncia por desaparición de un adulto mayor (70 años) hace dos días. Nos hicieron pasar a un pequeño ambiente con un SO3-PNP de apellido Guanilo, quien manifestó que estábamos perdiendo el tiempo ya que la única unidad que atiende esos casos es la Comisaría de San Andrés y que ninguna otra dependencia está autorizada para asentar denuncias de desaparecidos.

Ese mismo día, intentamos denunciar la desaparición de un menor de 5 años en la comisaría del jirón Ayacucho (Trujillo), tomando contacto con el SO3-PNP de apellido Chávez, quien nos explicó que su labor era proteger a la población de actos delincuenciales, por lo que era imposible ayudarnos en la búsqueda.

“Ese tipo de casos lo ve la PNP de San Andrés”, le dijo y le sugirió: “Póngase a buscar con su familia porque nosotros tenemos otras actividades por hacer”.

Esa situación no ocurrió en la Primera Comisaría de Chimbote, donde la atención fue inmediata. Ante la denuncia simulada del equipo de investigación, los agentes policiales pidieron, de inmediato, la foto del desaparecido, sus datos exactos y prepararon la unidad vehicular para iniciar la búsqueda.

Sin embargo, en la comisaría del 21 de Abril, el suboficial de apellido García se negó a recibir la denuncia que el señor Manuel Castillo Jara (colaborador de esta investigación) hizo por la supuesta desaparición de su sobrino de 16 años, quien sufre retardo mental. Su caso fue derivado a la oficina de la Sección de Investigación Criminal (Seincri).

En la comisaría de La Unión (Piura) al indagar qué se podría hacer en un caso de desaparición de la hija (8 años) de un familiar, el encargado de denuncias indicó que debíamos esperar 24 horas. Cuando le hablamos de la “Ley Brunito” manifestó que no había escuchado bien la edad.

No solo hay negligencias lamentables por parte de la policía. También hay desconocimiento de los ciudadanos. Urge, entonces, una mayor difusión de esta importante norma. Que Brunito y Jefferson se sientan felices porque sus viajes sin retorno sirvieron para salvar a muchas personas.

*Trabajo elaborado por Nora García Vásquez, Patricia Cardoza Cribillero, Jezabel Sánchez Montero y Jorge Tume Quiroga, alumnos de la Maestría en Periodismo - UPAO

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