Observan designación de funcionaria del GRA

Escrito por: Miguel Ríos 

El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Áncash (GRA) detectó situaciones adversas en la designación de la médico veterinario Ericka Otárola Guillén como gerente regional de Desarrollo Social, lo mismo que en su encargatura como directora regional de Educación.

INFORME. De acuerdo al informe de orientación de oficio N° 39-2020, la referida profesional no cumple con los requisitos para ocupar dichos cargos.

El 11 de agosto de 2020, la gerente general del GRA, Gina Gálvez Saldaña, emitió la resolución que dispone la designación de Otárola Guillén como la responsable de la Gerencia de Desarrollo Social.

De acuerdo al análisis del OCI, el perfil de la funcionaria no guarda relación con los requisitos mínimos establecidos en el manual de organización y funciones (MOF) del GRA. El primer requisito es contar con título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.

“(...) Posee el título profesional de médico veterinario (...) carrera profesional que dista mucho de la profesión que debe ostentar el funcionario que ocupe el cargo de gerente regional de Desarrollo Social”, señala la Contraloría.

Vale precisar que Otárola Guillén posee una maestría en gestión pública, un diplomado y otros estudios, además de contar con experiencia en municipalidades de Lima; no obstante, para el OCI, el que tenga un título profesional de médico veterinario “hace que no cumpla con el primer requisito mínimo estipulado en el MOF”.

El OCI también ha observado la resolución gerencial, emitida el 1 de setiembre último, que designa a Ericka Otárola como encargada de la Dirección Regional de Educación (Drea), en adición a las funciones que ya tenía. La Contraloría precisa que el MOF de la DREA precisa que el principal requisito para ocupar dicho cargo es tener título profesional en educación.

Vale acotar que en el informe técnico N° 706-2009 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) se concluye que “el encargo es una modalidad de desplazamiento temporal y excepcional a través del cual se autoriza solo a servidores de carrera el desempeño de funciones que impliquen responsabilidad directiva”.

“Se han advertidos situaciones adversas que ponen en riesgo la transparencia e idoneidad de los referidos procesos, ocasionando afectación al principio de legalidad con la que deben regirse los actos de la administración pública”, concluye el OCI en su informe.

La Contraloría ha informado al titular del GRA, Juan Carlos Morillo Ulloa, sobre estas situaciones adversas a fin de que se adopten las medidas preventivas pertinentes y correctivas que correspondan”.

RESPUESTA. Correo se comunicó con la gerente del GRA, Gina Gálvez, para consultarle si es que ya se han adoptado las recomendaciones del OCI, pero no pudo atendernos debido a que señaló que se encontraba en una reunión. Hasta el cierre de esta edición aún no obtuvimos su respuesta.