El PJ prohíbe a Valentín Fernández salir del país por doce meses

Juzgado dicta medida de impedimento de salida del país para él, sus padres, dos de sus hermanas y dos empresarios comprendidos en pesquisa por lavado
El PJ prohíbe a Valentín Fernández salir del país por doce meses

El PJ prohíbe a Valentín Fernández salir del país por doce meses

30 de Agosto del 2018 - 08:32 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Difusión

La situación judicial del alcalde de Nuevo ChimboteValentín Fernández, cada vez es más complicada. En la etapa final de la investigación preparatoria que afronta por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, el Poder Judicial ha dictado, en contra de él, la medida coercitiva de impedimento de salida del país, por espacio de doce meses.

SIN SALIDA. Luego de la audiencia en la que la Fiscalía sustentó su requerimiento, ayer, muy temprano, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, Jorge Luis Chávez Tamariz, hizo pública su resolución en la que declaraba fundado, en parte, el pedido del Ministerio Público, ya que en realidad, el fiscal buscaba que se le prohíba la salida del país al alcalde por 18 meses.

De igual manera, se encuentran imposibilitados de abandonar el país, sus padre Valentín Salomón Fernández Neira, su madre Nury Soledad Bazán de Fernández y sus hermanas Nury Elizabeth y Luz Marina Graciela Fernández Bazán. La medida también se aplica para los empresarios Luis Federico Vásquez Wong y Frank Tailor Jiménez Esquivel, a quienes la Fiscalía también ha sometido a investigación por presuntas relaciones amicales con el burgomaestre sureño.

La resolución judicial indica que se deben cursar oficios a l a Superintendencia Nacional de Migraciones, la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP); así como a la Policía Judicial para que se tomen las medidas del caso. Además el juez indica que el plazo de doce meses es el más proporcional para la etapa en la que se encuentra la pesquisa (a punto de concluir la investigación preparatoria) y las fases que aún faltan : control de acusación y enjuiciamiento.

Y es que la medida dictada contra Valentín Fernández y su entorno, busca asegurar la presencia de ellos en caso la Fiscalía logre llevarlos a juicio oral por los delitos que se les imputan.

Durante la audiencia, los abogados de los acusados no cuestionaron el requerimiento fiscal y anunciaron que allanarán al pedido del Ministerio Público. No obstante, sí rechazaron el plazo de 18 meses fijado por el fiscal. A manera de demostrar que sus defendidos no tienen la intensión de obstruir la acción de la justicia, los letrados entregaron los pasaportes de sus patrocinados.

Justamente, parte del pedido de la Fiscalía se basa en los viajes constantes que registran los investigados según un reporte de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Así por ejemplo, el padre de Valentín Fernández registra viajes a países como México, Argentina, Panamá, Cuba, Holanda, Costa Rica, República Checa entre los años 1997 al 2016. En ese mismo período, su esposa, es decir la madre del alcalde sureño, tiene viajes a Argentina, México, Holanda, Costa Rica, República Checa y Estados Unidos.

En el caso de Nury Fernández Bazán, hermana del alcalde, la Fiscalía enfatizó que además tiene la nacionalidad norteamericana, con la cual ha realizado viajes a países como Panamá y Colombia. Sobre Luz Marina Fernández Bazán, el Ministerio Público indica que hay viajes entre 1998 a 2016 a los países de Argentina, Chile, Ecuador y México.

El empresario Federico Vásquez, señala el reporte de Migraciones, entre los años 1995 al 2012, tiene viajes a Colombia, Panamá, Chile Argentina, España, Alemania y México. Mientras que su coimputado, Frank Jiménez, entre los años 1998 al 2015, tiene ingresos a países como Panamá, El Salvador, Estados Unidos y Ecuador; según lo expuesto por el fiscal anticorrupción Felipe Elías Silva, en la audiencia. Además en el caso de ambos, la Fiscalía indica que también se encuentran omisos en un proceso electoral.

NO APELARÁN. Tal y como lo había anunciado, el abogado Takeshi Vásquez Shimajuko, quien defiende a Valentín Fernández en este proceso, se reafirmó en que no apelará la medida de impedimento de salida del país.

“Durante la audiencia nos allanamos al pedido, lo que iba a resolver el juez era prácticamente predecible, ya lo esperábamos. Entonces porqué habría que cuestionar o apelar una decisión judicial a la cual no se ha puesto mayor oposición”, expresó ayer luego de conocida la resolución del juez Chávez Tamariz.

Sobre el plazo de doce meses dictaminado por el juez para que los investigados no abandonen el país, el letrado también se mostró conforme y dijo que le parecía razonable.

“El petitorio (de la Fiscalía) no es vinculante, yo creo que sí, es proporcional (el tiempo dictado por el juez)”, mencionó en diálogo con Correo.

Lo que sí cuestionó Vásquez Shimajuko es la decisión del juez Chávez de declarar fundado el pedido de reposición de plazo, por dos meses, de la Fiscalía, con lo cual la pesquisa concluirá aún en octubre próximo.

Anunció que el recurso de apelación a esta medida ya ha sido interpuesto y el juzgado se lo ha concedido. Se espera que la Sala programe la audiencia.

“Lo ha concedido porque es un pedido bien hecho, bien formulado, no compartimos el criterio del juez. El pedido de reposición de la Fiscalía es un pedido ilegal, la ley establece presupuestos que deben cumplirse y esta medida se aplica cuando hay motivos de fuerza mayor”, enfatizó.

ACUSADO. La investigación que afronta el alcalde sureño tiene que ver con sus dos primeras gestiones al frente de la comuna neochimbotana, en los años 2003 al 2010. La Fiscalía basa sus sospechas en muchos hechos que están contenidas en la pesquisa que afrontó por enriquecimiento ilícito y del cual fue absuelto por “falta de actividad probatoria”.

El Ministerio Público acusa a Fernandez Bazán de haber constituido una agrupación ilícita, usando a sus familiares y conocidos. La finalidad habría sido ocultar dinero de procedencia sospechosa, para lo cual los investigados habrían adquirido bienes “a través de operaciones no justificadas”, buscando “blanquear” dinero que tendrían como fuente, presuntos hechos de corrupción en la gestión edilicia.

Además habrían transferido bienes inmuebles, materializando sus propósitos mediante contratos direccionados sistemáticos y constituyendo personas jurídicas en Perú y Panamá.

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