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Los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones han reiterado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) su solicitud para trasladar al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar a otro establecimiento penitenciario, ya que actualmente se encuentra recluido en el penal de Cochamarca (región Pasco) y no puede declarar en las audiencias que se desarrollan por la apelación a la sentencia que tiene por el caso Odebrecht.
El último martes 1 de octubre el Colegiado desarrolló una diligencia más de esta de apelación. Aunque se pensaba que el INPE ya había cumplido con disponer el traslado de Álvarez, no fue así, por lo cual los jueces puntualizaron que si no se cumple con esto, los altos funcionarios de la entidad adscrita al Ministerio de Justicia, serían denunciados
La próxima audiencia judicial ha sido programada para el miércoles 9 del corriente, a las 9:00 de la mañana.
PENDIENTE
Y es que hasta el momento Álvarez – principal acusado en esta pesquisa - aun no puede realizar sus alegatos de apertura, a diferencia, de los otros 7 procesados, que fueron sentenciados con penas efectivas de cárcel.El problema que se ha presentado es que por la ubicación geográfica de Cochamarca, no es posible establecer comunicación con el exmandatario ancashino, sentenciado a 8 años de prisión por los delitos de colusión agravada y colusión simple, en calidad de autor.
César Álvarez es el primer funcionario peruano sentenciado a pena efectiva de cárcel por un soborno entregado por la constructora Odebrecht, involucrada en la trama de corrupción más grande de los últimos tiempos.
La Fiscalía acusa al exmandatario de recibir 2,4 millones de dólares de la empresa para adjudicarse el proyecto de la carretera Chacas – San Luis, en la sierra de Áncash.
MÁS DINERO
En la audiencia del último martes, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Obebrecht realizó sus alegatos de apertura.La defensa del Estado oralizó su pedido para que el tribunal superior incremente el monto de reparación civil a más de 90 millones de soles, de los cuales 59 millones de soles equivalen a los daños patrimoniales y otros 35 millones de soles a daños extrapatrimoniales. La sentencia de primera instancia, fijó el monto de reparación civil en solo 10 millones de soles, el cual deberá ser pagado de manera solidaria entre todos los sentenciados.
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