Policías no irán a la cárcel: el fiscal no convenció

Usted lee este ejemplar y cuatro de los seis policías investigados por presuntamente recibir cupos a cambio de dar información de los operativos a traficantes de drogas, siguen celebrando que el Poder Judicial no haya ordenado su prisión preventiva.

¿Por qué?. Simplemente porque la magistrada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Karina Medina Machado, consideró que el fiscal anticorrupción Laureano Añanca no había revelado en la audiencia fundados y graves elementos de convicción de la comisión de los delitos de cohecho activo propio y asociación ilícita para delinquir.

Aunque la jueza también decidió imponer prisión preventiva de nueve meses a los dos presuntos traficantes de droga, Juan Rivadeneyra Vásquez, alias “Chato Juan” y Wilmer Pablo Rivadeneyra Villacorta, alias “Cholo”.

Aunque ellos ya están presos en el penal de Piedras Gordas I.

Todo esto pasó luego de dos días de audiencia, realizada en tres partes.

PARA NO PERDERNOS. Si usted no ha seguido el caso, no hay problema acá le ponemos al día. Dentro de la investigación, iniciada en mayo del 2013, declarada compleja, se investiga a los suboficiales PNP José Antonio Santillán Saavedra, Víctor Andrés Uceda Irribarren, Santos Felipe Zavaleta García, Ronald César Verna Cabrera, Salvador Gustavo Mantilla Salcedo y Ángela Brizaida Isabel Díaz Novoa. A ellos se les imputa los delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir.

También se incluye Frank Diego Santillán Benites, hijo del policía José Antonio Santillán Saavedra. Ambos son acusados del delito de lavado de activos.

Mientras que por la presunta comercialización de drogas, en la zona conocida como La Antena, se investiga a Juan Edmundo Marcelo Diestra, alias “Yango o Vapor”; Juan Rivadeneyra Vásquez, alias “Chato Juan”; Wilmer Pablo Rivadeneyra Villacorta, alias “Cholo”; y Carlos López Morales, alias “Cojo Calín”.

Según la investigación, los policías presuntamente obtenían la información de la llegada de los traficantes de drogas gracias a los sujetos conocidos como “Dulce” y “Gusano”, presuntos miembros de la organización criminal.

En junio de 2013 se levantó el secreto de las comunicaciones de los policías investigados y se realizó interceptaciones en tiempo real. Con ello se logró determinar que los policías se comunicaban con los investigados por tráfico de drogas.

Además, se cuenta con el registro de propiedades y movimientos financieros de estos efectivos policiales. Propiedades y dinero que no mantendría concordancia con sus ingresos económicos.

Asimismo, se detalla que tras la intervención en setiembre del 2014 en zona conocida como La Antena se incautó el celular del microcomercializador de drogas conocido como “Cholo” y la sorpresa fue grande para la Fiscalía al detectar que este delincuente mantuvo comunicación con los suboficiales de la Policía Víctor Uceda Irribarren y Ronald Verna Cabrera.

LA AUDIENCIA. La audiencia inició el sábado a las 8:30 a.m. Ante las maniobras de los abogados, quienes presentaron nulidades buscando que se frustre o en su defecto se postergue por tercera vez.

Es así que se suspendió a la 1 p.m. porque Walter Villarreal Sucse, abogado de Rivadeneyra Vasquez dijo que recién se había apersonado al proceso y necesitaba estudiar el expediente. La jueza dio tres horas para retomar.

A esa hora, este letrado no se presentó, pero la audiencia se suspendió otra vez, porque el investigado Uceda, quien no había acreditado defensa legal rechazaba ser defendido por la abogada púbica y pedía la reprogramación de la audiencia porque había documentación que tenía que presentar. La jueza Medina ordenó que se retome la diligencia a las 6 p.m. dándole tiempo para que entregue esos documentos a la defensa pública.

A las 6 pm., el fiscal Añanca comenzó su exposición de su requerimiento de prisión preventiva, el cual basó en informes de contrainteligencia de la Policía. Como lo exige el Nuevo Código Procesal Penal, debía sustentar que existían los presupuestos (requisitos) de fundados y graves elementos de convicción sobre los delitos, el peligro procesal (peligro de fuga y peligro de obstaculización) y que la pena privativa de libertad sea superior a los cuatro años.

La audiencia se extendió hasta las 2:30 a.m. y por el cansancio, la jueza dispuso que se retome para ayer a las 9 a.m.

A esa hora, luego de haber escuchado los argumentos del Ministerio Público, la magistrada consideró que la fiscalía no había evidenciado fundados y graves elementos de convicción respecto al supuesto líder de este grupo de policías, José Santillán. Indicó que en el contenido de las llamadas grabadas respecto a él no se evidenciaba tratos para el cobro de cupos.

Además respecto al supuesto manejo que habría tenido Santillán para la ubicación de personal en puestos “claves”, la jueza señaló que solo eran “presunciones”.

Respecto al suboficial Zavaleta, la jueza también se pronunció. El Ministerio Público indicó que este policía sería quien se encargaba del cobro de los cupos.

Refirió que había una conversación de setiembre de 2013 entre Zavaleta y un tal “Jhonny”, en el cual el segundo señalaba que una abogada ofrecía 2,500 nuevos soles.

Sin embargo, la jueza indicó que por información de la defensa de Zavaleta, “Jhonny” es el policía Jhonny Medina Castillo. “No se evidencian fundados y graves elementos de convicción en la conversación, respecto al cobro de cupos por la venta de drogas”, señaló la magistrada. Ella destacó que Zavaleta fue el único de los imputados que se presentó en todo lo que duró la audiencia.

Cuando la jueza se refirió al policía Uceda, consideró que en las comunicaciones con los presuntos delincuentes que se habían grabado la fiscalía no verificó que el número usado fuera del policía y así no se podía determinar que él sea el autor de las llamadas.

En relación al policía Verna, la magistrada se hizo referencia a tres comunicaciones, de las cuales señaló que “no se establecía vinculación con los cobros de cupos” y que “por ahora sería una cuestión subjetiva”. Dijo además a que se podría tratar de personas que sirven como “contactos” dentro del negocio del tráfico de drogas.

LA DECISIÓN. A la 1:30 p.m. de ayer, la jueza Medina resolvió declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva de la fiscalía contra los policías Santillán, Uceda, Zavaleta y Verna; y también de Santillán Benites, hijo del primer agente mencionado.

A los mencionados, excepto a Zavaleta, se le impuso comparecencia restringida. Además se les impuso a cada uno el pago de una caución de mil nuevos soles.

DISCONFORME. Como era previsible, el fiscal Añanca apeló la decisión. En declaraciones a la prensa, dijo que estaba disconforme con el criterio de la jueza respecto a la valoración de las llamadas, porque no fueron considerados para el caso de los policías, mientras que sí cuando se vio el requerimiento relacionado a los dos investigados por tráfico de drogas.

“No es que no haya elementos de convicción, es que se pide fundados y graves elementos de convicción y la jueza ha considerado que no hay, ese es su criterio y yo no estoy de acuerdo”, dijo. La investigación aún continúa.