Por imprecisiones, aplazan la suerte de alcaldesa Victoria Espinoza

Las horas se hacen más largas para definir si finalmente la alcaldesa del Santa, Victoria Espinoza García, afronta una investigación fiscal por el presunto delito de malversación, internada preventivamente en un penal por un plazo de nueve meses.

La diligencia que debió realizarse ayer fue reprogramada para hoy, desde las 2:30 pm.

El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, Javier Carrión Basuari, resolvió acoger en parte las observaciones hechas por la defensas de los inculpados a la acusación fiscal.

Carrión consideró oportuno devolver el documento al fiscal Laureano Añanca Chumbe para realizar “precisiones” solicitadas por la defensa y por el juez, en un plazo de 24 horas.

Asimismo, decidió pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva, una vez que sea terminada la etapa de control de acusación, que se prevé sea mañana mismo.

OBSERVACIONES. Y es que tanto la defensa de Victoria Espinoza como la de Julio Cortez, primer regidor provincial y de los exfuncionarios Gabriela Alcántara, Elmer Llontop y Gerardo Sánchez consideraron que faltó especificar el grado de participación en el presunto ilícito de malversación de cada uno de sus patrocinados.

El fiscal Laureano Añanca ha considerado en su tesis fiscal que todos tienen la calidad de autores en este delito.

De igual forma, este magistrado ha apelado a la Ley 30111 para tipificar el delito, cuando esta entró en vigencia recién en el 2013, mientras que el presunto ilícito se habría cometido entre los años 2009 y 2010.

El abogado de Gerardo Sánchez advirtió que su patrocinado no se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad Provincial del Santa al momento que se cometió la supuesta malversación. Incluso, señaló que se lo advirtió de manera documentada al despacho del fiscal, pero que eso no ha sido tomada en cuenta.

El juez pidió al fiscal Añanca también que precise el tiempo de trabajo de cada uno de los inculpados.

LA TESIS. Pese a estas observaciones, el fiscal Laurano Añanca llegó a oralizar su acusación ante el juez.

El magistrado solicitó la pena de seis años de cárcel para la burgomaestre y los otros inculpados, sumando de esta forma, la autoridad edil, un nuevo pedido de cárcel que hereda de su primera gestión al frente de la comuna provincial.

Asimismo, la Procuraduría Anticorrupción ha pedido que los inculpados paguen 1 millón de soles por concepto de reparación civil, pero de manera solidaria.

Según la tesis que ha desarrollado el Ministerio Público el 08 de agosto de 2009, la Municipalidad Provincial del Santa, el Ministerio de Vivienda y la empresa paramunicipal Sedachimbote firmaron un convenio para el mejoramiento de las redes de agua y desague en los sectores del I al IV de Chimbote, en el casco urbano.

En total, a través del programa “Agua para todos”, se habrían transferido un poco más de 19 millones de soles que se habrían utilizado en obras ajenas a los que estaban estipulados en los convenios suscritos.

Según lo expuesto por el representante del Ministerio Público, de los fondos del sector I se malversaron 5 millones 700 mil soles, del sector II 1 millón 248, 569 soles y del sector III 5 millones 25 mil 185 soles.

En tanto de los sectores V y IV se habrían desviado 2 millones 800 mil y 3 millones 201 soles; respectivamente.

Asimismo, otros fondos recibidos para las obras de mejoramiento de pistas y veredas en el pueblo joven Miramar Bajo y el mejoramiento integral de la avenida 1 en Chimbote, también se habrían malutilizado, afirmó la fiscalía.

Sobre la participación de Victoria Espinoza en la presunta malversación de estos fondos, el fiscal arguyó que “en su calidad de alcaldesa afectó la legalidad presupuestal” de los fondos depositados mediante decreto supremo 177-2009, decreto supremo 268-2007 y 107-2010 en los cuales se establecen que los fondos del programa “agua para todos” y “mi barrio” no pueden ser utilizados en otras obras.

El fiscal Añanca ofreció como medios de pruebas, la resolución de alcaldía 505- 2010 A y anexos firmanda por Espinoza en la que aprobó la “desgregación” de los 19 millones de soles de fondos del Ministerio de Vivienda.

Presentó también hasta 30 notas de modificación presupuestaria con las que se de habrían ordenado los desvío de fondos.

Documentos de la misma municipalidad como un informe legal de la Gerencia Municipal (de la gestión de Luis Arroyo) que concluye un “uso inadecuado de fondos públicos”. Así como el informe 02-2012 emitido por la Oficina de Control Interno de la comuna que advierte la presunta malversación.

Se han recogido también testimoniales de funcionarios de la comisión auditora de la MPS y de OCI de la exgestión edilicia que señalan el desvío de fondos.

El fiscal ha ofrecido también los expedientes técnicos de las obras que señalan que cada una de estas contaba con el presupuesto correspondiente y no tenían que ser afectados a otras cuentas.