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¿Cuál fue el delito de Salas para que le pongan la cruz? Por lo pronto, hay dos hechos -mientras se conoce el resto en el transcurso de los días- que dibujan fricciones entre el que denunciaba a gente relacionada al Gobierno de Humala y el ministro de Justicia Daniel Figallo, hombre de confianza del primer mandatario.

EL ACTA. Fuentes en la Procuraduría Anticorrupción, relatan un hecho que dejó en evidencia que las relaciones entre el ministro Figallo y el procurador Salas eran tirantes.

Ya sobre la base de algunas diferencias entre ambos personajes, nuestras fuentes precisan que en octubre, Salas solicitó permiso para viajar a Venezuela para una ponencia.

“Como era costumbre, presentó su permiso por escrito, sin embargo, desde el ministerio le hicieron problemas. Querían que el procurador le vaya a pedir permiso al ministro, pero él no cedió”, indica nuestra fuente. Aunque incómodo, Salas decidió viajar de todas maneras.

“El mismo viernes 24 de octubre a las 6 de la tarde, desde el Ministerio de Justicia enviaron a dos personas a la Procuraduría Anticorrupción para levantaron acta delante todo el personal, dejando constancia que Salas no fue a trabajar porque para el ministro había viajado sin autorización”, comentó nuestra fuente.

Esto desató la indignación de Salas, quien -según nuestra fuente- “sintió que el ministro lo había desautorizado” delante todo su personal y con esto lo “hostilizaba”. “Al regresar de su viaje (el lunes 27 de octubre) presentó su renuncia al ministro Figallo”, indicó.

la fecha. Los hechos descritos por nuestra fuente, coinciden con la fecha de la dimisión de Salas que hace referencia la Resolución Suprema N°207 del Ministerio de Justicia, publicada ayer en el boletín de normas legales del diario El Peruano.

En esta resolución se hace oficial que se acepta la renuncia del hasta ayer procurador. “Que, mediante carta de fecha 27 de Octubre, el señor abogado Christian Jaime Salas Beteta, presentó la renuncia ”, reza la mencionada resolución.

ENCONTRÓN. Pero las diferencias fueron públicas cuando ambos sentaron posición sobre que si el prófugo empresario e investigado por el caso La Centralita podía o no ser colaborador eficaz.

Desde los primeros días de noviembre, el ministro Figallo ya le venía “invitando” al dueño de “La Centralita” a ponerse a derecho. Pero una vez que se hizo público que Belaunde tenía planeado ser colaborador, el procurador Salas se opuso rotundamente.

En declaraciones a Correo de Chimbote el 21 de noviembre, Salas advirtió que “la ley dispone que los líderes o dirigentes no pueden acogerse a este tipo de beneficio”. “En el supuesto de que esta situación se diera sería imposible legalmente desarrollarlo porque la imputación que hemos formulado contra el señor Belaunde Lossio no es como un simple integrante sino como parte de cúpula”, remarcó.

Lo dicho por Salas se encuadra en el numeral 5 del artículo 474 del Nuevo Código Procesal Penal.

LO DESAUTORIZÓ. Luego que la declaración de Salas rebotara en los medios nacionales, el ministro Figallo salió a desautorizarlo.

En la publicación del diario La República, del 26 de noviembre, Figallo dijo que Belaunde sí podía ser colaborador eficaz, pero el problema era que el amigo de la pareja presidencial tenía una orden de prisión preventiva por 18 meses.

“Recién cuando ingrese a prisión se entrará a evaluar una colaboración eficaz y la información que está dispuesto a entregar. Este proceso no es automático. El candidato (a colaborador), en primer lugar, debe admitir que ha participado en la comisión de un crimen y que está dispuesto a colaborar con las autoridades para su total esclarecimiento”, declaró al mencionado diario.

A pesar de lo que dijo el ministro, ya en los medios de comunicación sonaba muy fuerte la advertencia de Salas sobre que esta colaboración eficaz sería “ilegal”. Incluso el procurador anunció que si esta figura era aceptada por la fiscalía entonces se opondría formalmente.

IMPLICANCIAS. Todo esto sucede a la sazón que Martin Belaunde es investigado por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrucpión, por el caso Antalsis, a propósito de una denuncia del procurador Salas.

La investigación se divide en cuatro casos, que se resumen en obras por un total de S/. 150 millones. Bealunde sería el lobista de la empresa Antalsis (gerenciada por aportantes a la campaña de Ollanta en 2010, como Carlos Rivera Ydrogo) para conseguir contratos en Junín, Madre de Dios, Lambayeque (S/.117 millones de soles) y Tacna. Tanto Rivera (33 veces) como Belaunde (14 veces) visitaron a autoridades en el Congreso.