Subgerente de Eiji SRL es dueño de local de Fiscalía

La hermosa vivienda que usa la Fiscalía Anticorrupción del Santa es de propiedad del subgerente de una de las empresas, cuyos contratos con el Gobierno Regional de Áncash investiga la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima, por el caso La Centralita. ¿Le sorprende? Eso sucede desde el 2012 y el empresario en cuestión ya se llevó al bolsillo cerca de 400 mil soles por este negocio.

Se trata de un inmueble de dos niveles totalmente con acabados, situado en el Programa de Vivienda Buenos Aires segunda etapa, manzana B, lote 13, que también se puede identificar en su fachada con la dirección de jirón Samanco N° 360. Según Registros Públicos, el inmueble es de propiedad de Carlos Enrique Fournier Robles.

Este ciudadano resulta ser también el representante de la Constructora EIJI SRL, según consta en las actas de buenas pro que ganó en el Gobierno Regional de Áncash, y según su propia declaración ante Correo precisó que es subgerente de esta empresa, cuyo actual gerente es Edgard Castro Loyola.

EL ALQUILER. Según información de Transparencia Económica, Carlos Enrique Fournier Robles como persona natural ha contratado con el “Ministerio Público-Gerencia General” desde el 2012, por un total de 392,700 nuevos soles. No se precisa más información en esta plataforma.

Aunque llama la atención que anualmente este arrendador no haya recibido montos similares, pues tanto en el 2012 y 2013 cobró 98,550 nuevos soles, pero en el 2014 la cifra se elevó a 124,650 nuevos soles. Y en lo que va del presente año ya recibió por caja 70,950 nuevos soles.

Sobre la base de esta información, Correo entrevistó a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Nancy Moreno Rivera, quien indicó que el empresario Fournier Robles alquila la referida propiedad desde el 2011, por un monto mensual de 10,900 nuevos soles.

“Es un alquiler se que hace desde el 2011, desde la gestión de Farro”, dijo.

¿Hubo alguna licitación para elegir este contrato? Moreno señaló que inicialmente “por necesidad” de un local para Medicina Legal y luego para la Fiscalía Anticorrupción del Santa, la selección fue directa. Es decir, a dedo.

“El año pasado hemos hecho una licitación y se ha seguido alquilando este inmueble ¿antes? no, se hizo directo por necesidad, así como se alquiló otros locales”, dijo.

Ante las preguntas de Correo sobre qué opinaba de que el representante de una de las empresas investigadas por el caso La Centralita le alquile el local para la Fiscalía Anticorrupción del Santa, Nancy Moreno se mostró incómoda, al punto de decir: “no hay que ser suspicaz por todo”.

La fiscal decana defendió el alquiler, al señalar que “no se está pagando más de lo que vale el alquiler”. “No hay ningún conflicto de interés porque el señor Fournier no está investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Santa”, alegó.

Como bien se conoce, en el 2014 el caso La Centralita pasó a la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima, sin embargo, originalmente el caso emblemático estuvo en manos de la Fiscalía Anticorrupción del Santa.

DATOS PARA SER SUSPICAZ. En julio del año pasado se conoció que el fiscal supraprovincial anticorrupción Marco Huamán Muñoz, solicitó información oficial sobre las contrataciones efectuadas con empresas constructoras e instituciones del Gobierno Regional de Áncash, entre ellas Inversiones MARVICE S.A y Constructora EIJI SRL, ambas señaladas por ser cercanas al prófugo y presunto testaferro del congresista Heriberto Benítez Rivas.

Ello lo hizo a fin de contrastar y esclarecer la versión del colaborador eficaz N° 001- 2014, quien indicó que Abel Sánchez, presunto testaferro del mencionado congresista, movía los intereses de ambas empresas.

En la disposición número 6, el fiscal Huamán Muñoz solicitó bajo apercibimiento a la sede de la Subregión El Pacífico, Proyecto Especial Chinecas, Gobierno Regional de Áncash (GRA) y al mismo Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) que informen si es que ambas empresas constructoras obtuvieron las buenas pro y si fuese la situación, estas entidades deberán remitir los expedientes administrativos de las respectivas licitaciones o adjudicaciones que se realizaron.

En su momento, según documento que Corro publicó en setiembre del año pasado, la Subregión Pacífico informó que (desde el 2007 al 2014) la constructora Eiji SRL ganó licitaciones de 11 obras por S/. 32’582,129, mientras que la empresa Inversiones Marvice EIRL ganó seis obras por S/. 13’390,833, resultando un total de S/. 45’972,962.

Las obras de la constructora Eiji SRL son el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de los asentamientos humanos de Chimbote: San Francisco de Asis, Alto Perú, Unión César Vallejo, Pensacola, Primavera Baja, El Carmen, 7 de Julio, Villa Jesús, Romero Leguía, Villa María, El Porvenir, Los Licenciados I y II etapa; y también en Casma.

Además la obra defensa ribereña, encauzamiento y enrocado del río Sechín-sector Buena Vista, Casma; pistas y veredas en Chimbote: los pueblos jóvenes Miraflores Alto y San Francisco de Asís. El mejoramiento de la carretera Shacsha Tunin-Quihuay-Macate y del asentamiento humano La Molina.

De su lado, las obras de Inversiones Marvice, tenemos los proyectos para la descolmatación de las defensas ribereñas de los ríos Casma (sectores Combón y Pampa Venado), Huarmey y Aija; también el mejoramiento de la infraestructura del colegio 88044 de Coishco y de las calles del asentamiento humano Los Cedros.

Un dato que no se nos debe pasar es que según la Sunat, Eiji fue inscrita en agosto de 2007, justo el mismo año que comenzó a contratar con el Gobierno Regional de Áncash y también acumuló contratos por 8’420,995 nuevos soles, con las municipalidades del Santa, Huarmey y Nuevo Chimbote, cuyas gestiones eran aliadas al ahora preso César Álvarez.

Justo con el subgerente de esta empresa a Farro se le ocurrió firmar un contrato de alquiler de un local donde ahora funciona la Fiscalía Anticorrupción del Santa. ¿Quién se lo habrá presentado a Farro?

Recordemos que Farro tiene una propuesta de destitución por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno, porque por a raíz de un informe suyo en el 2011 cuatro fiscales anticorrupción terminaron destituidos por decisión final del entonces fiscal de la Nación, José Peláez, ahora suspendido.

LO ENTREVISTAMOS. El 5 de mayo del presente año, Correo entrevistó a Carlos Fournier, por otros asuntos, pero aprovechamos para preguntarle sobre este alquiler. “Ese inmueble es mío, yo como empresa personal natural le alquilo a la fiscalía anticorrupción; (hace) un poco más de dos años”, dijo. No dio más detalles.

Aclaró que él no está investigado en la fiscalía de Lima, sino está en condición de testigo y se ha presentó a declarar en febrero, e incluso ha entregado documentación. “Yo a Heriberto Benítez y a Abel Sánchez no los conozco, si bien es cierto todo el mundo sabe cómo es el tema de los colaboradores eficaces, ¿qué tipo de pruebas podrán demostrar sobre lo que están comentando? Son puras especulaciones”, remarcó.

“DEBE CORREGIRLO”. Al respecto fue consultado uno de los más conspicuos fiscalizadores de la gestión de Farro, el integrante del Colectivo Civil por la Provincia del Santa, el abogado Leandro Cerna Herrera, quien pidió que la fiscal decana Nancy Moreno corrija esta situación.

“Nosotros respaldamos a la fiscal Nancy Moreno, pero eso no quita que no podamos hacer críticas porque esta situación es indignante”, comentó.

Cerna dijo que este esta situación se parece al caso de Oropeza por sus contratos con el Ministerio Público de Lima. “No se puede decir que no hay nada, porque aquí se le relaciona por el inmueble y ella debe corregir esta situación, anulando ese contrato de alquiler”, comentó.

Incluso recomendó que Moreno debería ordenar una investigación de cómo fue elegido este empresario para que alquile esta propiedad a la fiscalía.