Testigos de Fiscalía hunden a gobernador

Escrito por: Miguel Ríos

Hoy es un día decisivo para el titular del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Juan Carlos Morillo Ulloa, debido a que el Poder Judicial revisará el pedido de prisión preventiva por nueve meses que ha solicitado el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

El fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón cuenta con las declaraciones de tres testigos protegidos y un aspirante a colaborador eficaz, además de otros elementos de convicción, para lograr que el mandatario y los otros investigados sean recluidos en un centro penitenciario.

PEDIDO. La noche del domingo, la Fiscalía presentó el requerimiento de prisión preventiva ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Áncash, a cargo del juez Derby Quezada Blanco.

Además de Morillo Ulloa, se pide la reclusión de Johnny Muñante Quispe, exgerente general del GRA; Pedro Velezmoro Saenz, gerente de infraestructura; Jiordano Alva Pinedo, responsable de la elaboración de la Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR); Italo Lon Kan Perez, encargado de evaluar la IOARR; Juan Mendo Sánchez, gerente de administración; Angel Velásquez Abanto, subgerente de abastecimiento; y William Rojas Vereau, gerente de estudios.

También se pide prisión para Ninel Romero Bartusiak, representante legal de la empresa Quimera SAC.

Según la tesis fiscal, estas personas se habrían coludido para la adjudicación de la IOARR “Remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo, además de otros activos en el hospital Eleazar Guzmán Barrón”, que tuvo un valor de más de 10 millones de soles.

LOS HUNDEN. Como parte de sus elementos de convicción para sustentar su pedido, la Fiscalía ha presentado las declaraciones de tres testigos protegidos.

El testigo 1-2020 dijo tener conocimiento sobre la existencia de hechos ilícitos en el GRA y que los involucrados eran Juan Mendo, Angel Velásquez, Fernando Segura Montenegro (asesor del gobernador) y Abel López de la Rosa (trabajador del área de abastecimiento). Acotó que estas personas, desde marzo de este año, cuando inició la emergencia sanitaria, vendrían cometiendo agravio en contra del GRA. Acotó que Mendo y Segura se reunían de noche en la oficina de la Gerencia de Administración “donde coordinaban compras de ambulancias y equipos médicos”.

Según el testigo, Pedro Velezmoro, Segura, William Rojas y Mendo “todos los viernes bajaban a Chimbote para reunirse con el uno quien era Juan Carlos Morillo”. Acotó que las reuniones se realizaban de noche en la Subregión Pacífico y que duraban hasta tres horas.

El testigo 2-2020, quien dijo haber trabajado en una de las áreas comprometidas en la investigación, indicó que Mendo entorpecía el trabajo de una servidora de logística y que incluso Morillo la desautorizó para “que cumpla sus labores o realice contrataciones y compras” y le indicó que ese trabajo lo iba a realizar el gerente de administración. “A ella solo la iban a utilizar para firmar documentos”, declaró el testigo.

Añadió que Morillo y un grupo reducido de funcionarios, hoy incluidos en la pesquisa, eran los únicos que veían las contrataciones y coordinaban con los proveedores.

El testigo 3-2020 también declaró que Morillo Ulloa había dispuesto que Juan Mendo sea el único encargado de ver las contrataciones y que este último trabajaba de la mano con Fernando Segura. “Desde la época de la pandemia, Mendo y Segura, en coodinaciones exclusivas con el gobernador, realizaban las coodinaciones con los proveedores y empresarios”, aseguró el testigo.

La Fiscalía también cuenta con las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, quien aseguró que la empresa Quimera SAC habría elaborado el expediente de la obra en el Hospital Regional, en coordinación con los funcionarios del GRA.