La Contraloría General identificó un perjuicio económico mayor al medio millón de soles en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, debido a que se pagaron irregularmente asignaciones por tiempo de servicios a docentes universitarios, los cuales no estaban contemplados en la Ley Universitaria vigente (Ley N° 30220).
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 009-2019-2-0223 se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa a 33 docentes, funcionarios y servidores públicos de este centro de estudios por los hechos ocurridos del 10 de julio del 2014 a diciembre del 2016.
Durante la revisión de la documentación, la Comisión Auditora detectó cuatro resoluciones del Área de Personal otorgando asignaciones por 25 y 30 años a favor de docentes universitarios (17 de octubre al 31 de diciembre de 2014) en el periodo posterior a la entrada en vigor de la Ley Universitaria, vigente a partir del 10 de julio de 2014, ocasionando un perjuicio económico a la entidad de S/ 52,975.24.
Además, advirtió un perjuicio económico de S/ 224,336.26 por el otorgamiento y el pago a docentes universitarios por disposición del titular de la entidad (Rector) en mérito a un dictamen legal colegiado en el periodo comprendido del 6 de mayo al 7 de agosto de 2015.
Más adelante, la Asamblea Estatutaria redactó y aprobó el Estatuto de la UNSAAC estableciendo como derecho de los docentes universitarios el pago de una asignación por cumplir 25, 30 y 40 años de servicios, documento normativo en mérito al cual se emitieron resoluciones del 19 de agosto de 2015 al 9 de junio de 2016, que autorizaron el pago de las asignaciones, generando un perjuicio económico de S/ 244,431.84 a la entidad.
El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 009-2019-2-0223 fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para que inicie las acciones legales contra los docentes, funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación única. Igualmente, se comunicó al titular de la entidad para que disponga el deslinde de las presuntas responsabilidades administrativas identificadas.