Dictan prisión preventiva a dos exalcaldes de Vilcabamba - Cusco

Sustentado en un informe de la Contraloría General de la República, se dictó prisión preventiva por 18 meses a los exalcaldes de la Municipalidad Distrital de la Convención (Cusco): René Arnado (2007-2010), Juan Olivera (2011-2014) y el funcionario Percy Arana, encontrándose las exautoridades entre los más buscados por la Policía Nacional de Perú, por un perjuicio de más de S/ 1 millón 971 mil en la obra “Puente carrozable Villa Virgen – Lechemayo” del distrito de Vilcabamba.   

Cabe señalar que a la fecha el exalcalde René Arnado ya fue capturado e internado en el penal de San Joaquín de la provincia de La Convención, mientras que Juan Eudes Olivera Ricalde y Percy Arana Puma se encuentran como no habidos, ordenándose su captura a nivel nacional.   

El exalcalde y el funcionario de Vilcabamba están denunciados por los delitos de Negociación Incompatible, Peculado Agravado y Malversación de Fondos, denuncia que fue interpuesta por la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República ante el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Maranura - Cusco, quienes dictan en el mes de mayo de 2016, prisión preventiva por 18 meses, la que fue confirmada por la Sala Mixta Descentralizada en adición a la Sala Penal de Apelaciones de La Convención.

La acción de control realizada por la Contraloría a la obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba en el periodo 2010 al 2013, determinó como resultado, que no existe el puente y verificando que los trabajos realizados no tienen utilidad alguna; adicionalmente se identificó irregularidades en la elaboración del expediente técnico que era incompatible con el perfil del proyecto de acuerdo a las normas del SNIP, no contando con los estudios básicos de ingeniería, sin haber formalizado la entrega del terreno y la no designación del residente y supervisor de obra, pese a lo cual se desembolsó la suma de S/ 1 millón 971 mil 348.33.

De otro lado el Órgano Instructor Sur de la Contraloría General se encuentra en proyección de la Resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador, quien encausaría la responsabilidad administrativa funcional revelada en el informe resultante.