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El sillón del Gobierno Regional de Cusco es ansiado por muchos y ocupado por pocos, y justamente algunos de los elegidos han corrido la misma suerte de terminar sus gestiones tras las rejas. Esta ‘maldición’ se viene dando hace tres gestiones e incluso el actual mandamás cusqueño, Jean paúl Benavente ya es investigado por el presunto delito de colusión.
Los politólogos y analistas no pueden ponerse de acuerdo, desconocen a ciencia cierta cuál es el detonante de estas historias, si los ingentes recursos que recibe la región Cusco hace que los gobernadores le saquen provecho o si corren la mala suerte de confiar y rodearse de funcionarios inescrupulosos que hallan en sus gestiones una buena oportunidad de delinquir y robarle al Cusco.
DEL PODER A LA CÁRCEL
El último gobernador regional que se encuentra encarcelado es Edwin Licona Licona, quien estuvo en funciones del 2015 al 2018. El exmandamás cusqueño es investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo, al haber contratado y pagado la suma de 11 millones de soles a 19 empresas sin aval ni experiencia en obras de descolmatación de ríos, trabajos que nunca llegaron a realizar. Él se encuentra recluído en el penal Qenccoro de la Ciudad Imperial.Jorge Acurio Titto antecedió esta gestión y llegó a manejar la región Cusco durante solo tres años (2011-2013), ya que fue sentenciado a prisión suspendida e inhabilitado por el delito de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento, delitos cometidos cuando trabajaba en la Municipalidad Provincial de Calca; sin embargo, lo peor vino después, ya que se le entabló un proceso por los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, y lavado de activos, al haber recibido presuntamente, más de 470 millones de soles a fin de favorecer con obras a las empresas OAS y Odebrecht. Él está internado en el penal Piedras Gordas II de Lima.
De acuerdo a las indagaciones del Ministerio Público, la firma brasileña Odebrecht financió con US$20 mil la campaña de Jorge Acurio Tito en el 2010, cuando ganó las elecciones, hecho que fue confirmado por el ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, Raymundo Trindade Serra, durante el último día de interrogatorios que realizó la fiscalía peruana en Curitiba (Brasil), en febrero último.
Trindade Serra contó que fue Martín Belaunde Lossio, ex jefe de la campaña presidencial de Ollanta Humala Tasso, en el 2006, quien les presentó a Acurio, quien aún figura como militante del Partido Nacionalista en el Infogob.
El exejecutivo detalló que le entregó el dinero, en dos partidas de US$10 mil, a la ex autoridad regional personalmente y que Jorge Barata le dio los aportes y luego él viajó al Cusco. Hasta ese momento, no se conocía los aportes que Acurio recibió antes de asumir la gobernatura regional.
PROBLEMA NACIONAL
Otro caso es el de Hugo Gonzalez Sayán, gobernador regional de Cusco en el período 2007-2010, quien en el 2011 recibió una sentencia de ocho años de prisión efectiva después de haber sido hallado culpable por el delito de colusión en la licitación de obras en 13 carreteras de Cusco, proceso en el que favoreció a la empresa JS, junto a él fue encarcelado su vicepresidente regional, Mario Ochoa Vargas, y quien se desempeñara como gerente de Infraestructura, Guido Gallegos.Cabe mencionar que Gonzalez Sayán fue dejado en libertad en el 2016 después de haber cumplido dos tercios de su condena. Él estuvo preso en el penal Qenccoro de Cusco.
Los casos de estas exautoridades regionales se suman a una larga lista de gobernadores y alcaldes involucrados en casos de corrupción y apropiación ilícita de fondos del Estado.
Según el exsecretario técnico de Transparencia, Gerardo Távara, se trata de un problema nacional ya que anualmente el Poder Judicial sentencia un promedio de 1500 funcionarios públicos por actos de corrupción, y la cifra va en franco aumento.
DATO:
El 8 de julio último Edwin Licona Licona, fue dictaminado a ocho meses de prisión preventiva, en medio de un proceso que se le sigue por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, cohecho pasivo, encubrimiento real y omisión de funciones.
