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A partir de la fecha en Cusco, es considerada una infracción muy grave despedir a peruanos para, en su lugar, contratar a ciudadanos extranjeros que realicen el mismo trabajo por un pago menor.
Los dueños de las empresas que realicen esta práctica pueden ser multados y hasta inhabilitados según la Ordenanza Regional Nº 163-2019, que entra en vigencia a partir del 22 de julio del 2019, luego de su publicación en el boletín de normas del Diario Oficial El Peruano.
Esta iniciativa regional fue bastante discutida luego de su aprobación en Cusco el pasado mes de mayo, sin embargo no entró en vigencia sino hasta hoy, luego de su publicación oficial.
Según precisa la medida, es de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en convocatorias de nuevos puestos de trabajos. Esta nueva ordenanza responde a que muchos trabajadores locales han sido despedidos para que sus empresas contraten extranjeros, a quienes les pagan la mitad de lo que gana un peruano.
PROS Y CONTRAS DE UNA ORDENANZA SUI GENERIS.
Desde su creación esta ordenanza regional levantó polvo en distintas esferas a nivel regional, nacional y hasta internacional, ya que por algunos es considerada una medida restrictiva necesaria para asegurar la mano de obra local en el trabajo, sin embargo por otros es considerada una medida atentatoria contra los derechos del hombre y hasta discriminatoria.
Uno de los principales impulsores y defensores de esta normativa es el director regional de Trabajo de Cusco, Alí León, quien ha explicado que esta norma no es discriminatoria, sino más bien pone en igualdad de condiciones a cusqueños y extranjeros, a fin de que los primeros no pierdan sus empleos y los segundos puedan acceder a puestos de trabajo legales y sin explotación.
"Los que dicen que la presencia de estos señores ha optimizado el mercado, que hay más ingresos para el Estado, no han analizado el tema. Si se va a producir contratación de extranjeros en nuestra región, que sea bajo el paraguas de la formalidad. Que tengan beneficios y que paguen sus impuestos", sostuvo a El Comercio, el funcionario cusqueño.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la ordenanza de Cusco es inconstitucional si llegase a publicarse. "Nosotros ya nos habíamos pronunciado en contra de esta ordenanza, desde la etapa de dictamen. Se mandó un oficio al gobierno regional instándolos a no aprobar el proyecto de ordenanza. Lo desoyeron", indica Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría.
PREPARAN PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Luego de entrar en vigencia, desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, citaron que solamente esperaban que la norma sea oficialmente aprobada para entablar un proceso de inconstitucionalidad.
“Se estaba a la espera de que se publique la ordenanza (para que entre en vigencia) e iniciar el proceso (...) Una región no puede regular relaciones de trabajo, solo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien tiene la competencia exclusiva según la Ley de Orgánica de Funciones del MTPE”, citó el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren.
Por otro lado, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, señaló que defenderán esta ordenanza regional, convocará a una mesa de trabajo interinstitucional y socializarán la norma hasta que sea conocida en su total dimensión.
