Con retrasos e incomodidades, funcionarios del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) informaron sobre lo que realmente está ocurriendo con la construcción del nuevo Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia en Huancavelica.

La primera citación la realizaron para las 11:00 horas, sin embargo, Javier Correa Tineo, director del hospital, tuvo que informar que la cita debía suspenderse, debido a que los funcionarios del Pronis tuvieron “inconvenientes” en la carretera.

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Este hecho generó incomodidad por parte de periodistas y dirigentes sindicales, quienes expresaron su incomodidad ante las constantes suspensiones del evento de información sobre el estado situacional de la construcción de la obra.

“La carretera está bien, esto es una burla, nosotros no podemos estar en esta situación, nosotros tenemos tiempo ahora. ¿Quién va a disponer de tiempo en ese horario?, nosotros trabajamos”, manifestó indignado el dirigente Miguel Cárdenas.

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Correa Tineo dijo que ese incidente escapaba a su responsabilidad.

En la hora acordada, el representante del PRONIS, Carlos Cantorín afirmó que la última visita que realizó al nosocomio fue el 15 de agosto, fecha en la que encontraron retraso en la construcción, de la cual, dijo, residente y supervisor eran conscientes.

“Reclamé que la empresa debe poner inversión en la obra, porque la empresa tiene un adelanto de 43 millones que se informó, pero, la empresa decía que no tenía los recursos y que necesitaba que nosotros aprobemos más adicionales”, manifestó Cantorín.

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Acotó: “Nosotros ya habíamos cumplido a esa fecha, copados de mayores gastos generales reclamados por las ampliaciones de plazo, dichas ampliaciones ya estaban aprobadas y de manera inexplicable no se había pagado hace meses, pero, sí se generó esos pagos”.

El funcionario del PRONIS también dijo que la empresa también solicitó una medida cautelar ante la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes le impiden ejecutar cartas de fianza por adelanto de materiales, adelanto directo y de fiel cumplimiento.

Esta medida afecta los intereses de la institución, ya que no podrán cobrar las cartas fianza en caso de que lleguen a rescindir el contrato, por lo menos hasta que la medida sea depuesta por la misma corte arbitral.