El contralor Nelson Shack reveló que el organismo de control identificó 3 mil 547 personas, entre funcionarios y servidores públicos, con algún tipo de presunta responsabilidad, ya sea penal, civil y/o administrativa. Esto, a través de los informes de control posterior que fueron emitidos en lo que va del año, a nivel nacional.

En cuanto a la región de Huancavelica, el Velocímetro de Control de la Contraloría identificó a 81 personas, entre funcionarios y servidores públicos, que tienen algún tipo de presunta responsabilidad. Esto de acuerdo al registro de 10 informes de control posterior que fueron emitidos en lo que va del año.

REGISTRO DE VELOCÍMETRO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA

Según las estadísticas de la región de Huancavelica, 49 personas tienen responsabilidad civil en casos de presunta irregularidad, otros 14 tiene responsabilidad penal, y 68 tiene responsabilidad administrativa.

“Cuando se identifica presunta responsabilidad penal y/o civil a funcionarios y servidores públicos, corresponde a la Procuraduría Pública entablar las acciones legales ante las instancias correspondientes”, dijo Shack.

Explicó que, debido a la actual sobrecarga procesal, quienes cometieron presuntos delitos de corrupción o diversidad de inconductas funcionales ocasionando un serio perjuicio económico al Estado, y continúan en sus puestos o no reciben una sanción oportuna, incrementa la sensación de impunidad en la administración pública.

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“La Contraloría General ha recuperado recientemente la facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves, con la Ley N° 31288″.

El contralor informó también que, partir del 2022, la Contraloría estará en capacidad de aplicar las sanciones administrativas PAS a quienes incurran en inconducta funcional.

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Según el informe de Shack, algunas de las personas registradas en los informes, tienen más de un tipo de responsabilidad.

Cabe precisar que, el 21 de julio del 2021 entró en vigencia la Ley N° 31288, que devuelve la función sancionadora.